La Audiencia Nacional requiere un contrato del Campus de la Justicia firmado por Alfredo Prada

Madrid

El grupo XXII de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría General de la Policía Judicial ha asumido la investigación sobre el Campus de la Justicia, a petición del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. El juez, José de la Mata ha abierto ya una investigación, tal y como adelantó la SER, para aclarar si detrás de aquel megaproyecto hubo prevarización y malversación de fondos públicos.

Este juzgado ha dictado ya varias diligencias previas. Una de ellas, es un mandamiento fechado el 17 de septiembre, al que ha tenido acceso la SER, en el que solicita a la Comisión de Estudio de la Deuda - a PSOE, Podemo y Cs- la página 1 del contrato con la empresa Bovis Lend Lease, que aportaron en su denuncia ante la Fiscalía en el mes de marzo.

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Esa empresa está en el epicentro del supuesto fraude de 90 millones de euros que cercan al ruinoso proyecto que impulsó Esperanza Aguirre, culminado por Alfredo Prada, que en la actualidad ha sido nombrado por el presidente del PP, Pablo Casado, como responsable de la Oficina del Cargo Popular.

Bovis Lend Lease asumió los servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para los servicios profesionales de “Gestión Integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación del Campus de la Justicia de Madrid”.

La adjudicación de este contrato se cerró por 943.050,00 euros. Pero, finalmente, Bovis Lend Lease "cobró cerca de 4.000.000 euros, es decir, cuatro veces más", tal y como denunciaron ante la Fiscalía en su escrito PSOE, Podemos y Ciudadanos, tras el informe que elaboraron en la Comisión de Estudio de la Deuda.

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La Cámara de Cuentas también ha puesto el foco en esa polémica adjudicación que cerró Alfredo Prada en calidad de Presidente del Consejo de Administración de Campus de la Justicia S.A. “Ese importantísimo contrato no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad de manera que se cumpliese la finalidad perseguida por Ley de Contratos del Sector Público”, alertó la Cámara de Cuentas. En ese informe, también aportado ante la Fiscalía Anticorrupción, se advirtió de que la Comunidad de Madrid “fijó una solvencia a las empresas para ser admitidas a licitación que no tenía el carácter de mínima que la ley exige en aplicación del principio de libertad de acceso a las licitaciones”.

En su denuncia, los tres grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid, alertaron a la Fiscalía que el 5 de septiembre de 2006 se reunió la Mesa de Contratación para abrir las ofertas económicas presentadas por los empresarios interesados, pero fue un procedimiento “irregular”, según la denuncia porque “la oferta económica debe abrirse después de hecha la valoración técnica, como marca la Ley de Contratos del sector público”

El informe de valoración de las ofertas presentadas está fechado el 22 de noviembre de 2006 y "es el que concede una valoración técnica muy superior al resto a Bovis Lend". Aquel informe técnico estaba firmado por Isabelino Baños Fernández, “persona que había trabajado Bovis Lend con anterioridad y que fue vuelto a contratar por ella después de dejar su trabajo en la Sociedad Campus de la Justicia”, aclaran en su escrito.