La petición de CMC de "ser parte" podría retrasar el juicio contra Alonso por el Feixolín

Ponferrada

La Audiencia Provincial de León debe decidir si admite que los administradores concursales de Coto Minero Cantábrico se persone, como una parte más, en el juicio que está fijado para el lunes contra Victorino Alonso, y el apoderado de Msp José Tascón, a los que se les acusa de delitos contra los recursos naturales y el medioambiente. La vista también sienta en el banquillo de los acusados al exalcalde de Villablino Guillermo Murias, por presunto delito de prevaricación urbanística.

El caso es que la administración concursal de Coto Minero quiere formar parte del proceso porque la acusación, el representante de Narsil, Antonio Arias Tronco, solicita una responsabilidad civil de la que debe hacerse cargo, en su caso, Coto Minero, que se ha enterado del juicio por la prensa. Así las cosas, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León deberá resolver esta cuestión previamente al inicio de la vista, un extremo que puede retrasar o incluso suspender la misma.

Los hechos que se juzgarán se remontan veinte años atrás en la explotación del Feixolín. Se analiza la extracción de un total de 210 hectáreas de cielo abierto, en suelo calificado como rústico de especial protección forestal y sin las licencias municipales y de ámbito regional que necesitaba el grupo Alonso. El carbón se extraía, explica el exalcalde Guillermo Murias, porque así lo ordenaba el Ministerio de Industria en sus planes del carbón que exigían la entrega de un cupo concreto, sin que, paradójicamente, se habilitasen los mecanismos adecuados para que la empresa pudiese hacerlo. Lo más complicado, reconoce Murias, es hacer que a estas alturas un juez pueda entender la diferencia de escenarios sociales que marcan las dos décadas que han pasado.

A Murias no se le pasa por la cabeza verse condenado a quince meses de prisión por un procedimiento judicial en el que curiosamente, dice, no han sido investigados ni la Junta ni el Ministerio. Eso sí, confía en que pronto se ponga fin a este capítulo de la historia minera que lleva tantos años abierto. "Van a tener que traernos a todos aquí con cachava, como se siga alargando ésto", ironiza Murias.

En el caso de Victorino Alonso, el Ministerio Fiscal pide para él ocho años y tres meses de cárcel, la misma pena que se solicita para el apoderado José Tascón. Además se les imponen 22.275 euros de multa y la inhabilitación para administrar, dirigir o gestionar cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales por el mismo tiempo de la condena.

El Ministerio Público insiste en que la actividad desarrollada en el Feixolín ha provocado una “afectación gravísima” para el medio ambiente y el entorno nactural incluso después de la intensa labor de restauración llevaba a cabo en la zona y que dicha actividad era “perfectamente conocida y amparada por el ayuntamiento de Villablino”.