Sobre la tele
Santa Cruz de Tenerife
El Grupo Parlamentario de Podemos presentó la semana pasada un total de 21 enmiendas a la Ley de Radiotelevisión Canaria, cuyo objetivo declarado es blindar los informativos públicos para evitar que vuelvan a ser externalizados a empresas privadas, y que el Consejo Rector de la tele sea elegido por convocatoria pública, como se intentó –con escaso éxito- en la televisión pública española. Juan Márquez, portavoz de Podemos para este asunto, viene defendiendo desde hace tiempo la necesidad de que se garantice la independencia de la tele para que los profesionales puedan trabajar con libertad y objetividad.
Lo cierto es que se conocen pocos casos en que el personal de un servicio público prestado por una empresa sea rescatado por un Gobierno para ser devuelto después a esa empresa. Personalmente, estoy convencido de que el personal de la televisión pública canaria que antes lo era de la concesionaria del servicio, acabará integrándose como personal laboral del Ente Público Radio Televisión Canaria. Porque es el modelo más razonable y porque ya está bien de seguir soportando cada ocho o diez años el chantaje de los adjudicatarios usando a un personal sin derechos. Que el Gobierno resuelva el problema del personal de la televisión pública no va a significar que el servicio que prestan sea automáticamente mejor, pero al menos puede oxigenar el sistema. Lo que ocurre es que ese proceso, hay que hacerlo bien respetando los derechos de los actuales empleados de la tele –los de la empresa adjudicataria y los de las subcontratas de ésta-, pero también los del resto de los profesionales canarios que aspiran a trabajar en la televisión pública. Supongo que todo el mundo está de acuerdo con esta declaratoria, el problema es cómo conseguir que ocurra: la experiencia de tres años de bloqueo político en el Consejo ha demostrado que la clave es establecer mecanismos de selección de los directivos del ente, y de control de sus actuaciones que eviten las golferías y desmanes ocurridos durante la etapa de Willy García, cuando el director podía hacer de su capa un sayo, pero también la inoperatividad de la etapa siguiente, en la que el presidente del Ente tenía que someter a un consejo bloqueado por intereses empresariales en liza hasta la compra de la provisión de café.
