El drama de la dependencia

Las Palmas de Gran Canaria

Cerca de 10.000 personas tienen reconocido el grado de dependencia y a la espera de la ayuda del Gobierno de Canarias. La mayoría de esos solicitantes que precisan recursos económicos o apoyo profesional son mayores. Muchas familias se ven con serias dificultades para compatibilizar el cuidado de sus mayores con su vida laboral. La escasez de plazas para residencias públicas deja a sus cuidadores sin margen de maniobra.

Una plaza en una residencia privada para una persona mayor con demencia o alzheimer que requiere de cuidados las 24 horas tiene un precio medio que supera con creces los mil euros, imposible de asumir para la mayoría de las economías domésticas. Sin dinero para pagar por una residencia o a un cuidador particular, y sin esperanzas para acceder a una plaza en la pública donde las listas de espera son interminables, los familiares de una persona dependiente se ven con serias dificultades para hacer frente a los cuidados de sus mayores. Incluso se ha llegado al extremo en algunos casos de tener que renunciar incluso a un puesto de trabajo para estar al lado de sus seres queridos que ven como su vida se va marchitando.

En una sociedad cada vez más envejecida el apoyo a las familias con dependientes a su cargo se hace cada vez más necesaria una estrategia para hacer frente a este reto. La ley de dependencia impulsada en tiempos de Zapatero sirvió para poner el foco en el problema pero nunca se pusieron los recursos necesarios para poder desarrollarla.

Ni los mayores, ni sus familias pueden permirtirse el lujo de seguir esperando por una ayuda justa, necesaria y que contribuye a mejorar nuestra productividad.