Martínez, Beltrán y Caballero niegan haber cometido irregularidades en la desaladora de Escombreras

Murcia

María Antonieta Fernández, exsecretaria general del Ente Público del Agua (EPA) y asesora de Antonio Cerdá, entonces consejero de Agricultura y Agua murciano, ha dicho hoy que no intervino en la redacción de los contratos suscritos con varios ayuntamientos para lograr agua de la desalinizadora de Escombreras.

Al declarar como investigada en las diligencias que tramita un juzgado de instrucción de Murcia para determinar si la gestación de esa planta y su explotación pudo constituir la comisión de varios delitos y un importante quebranto al erario público, ha manifestado que su participación se limitó a realizar gestiones de trámite con los ayuntamientos afectados por los convenios.

Ha dicho desconoce quién fue el autor del proyecto inicial de la desalinizadora y que ella no se encargaba de realizar informes, labor que realizaban el gerente del EPA, Amalio Garrido, también investigado, y los asesores jurídicos.

Ha negado que realizara actuación irregular alguna y recalcado que tanto la creación del EPA como la realización de las obras tenían como único objetivo la consecuencia de recursos hídricos que resolvieran el déficit de la cuenca del Segura.

Hoy también ha declarado como investigado Juan José Beltrán, que fue vicepresidente del EPA, creado en 2005 por el Gobierno murciano, que lo disolvió en 2013.

Ha explicado que pese a lo que en principio podría suponer un poder decisorio en su persona por la categoría del cargo, de hecho apenas si llegó a ejercer como tal al no producirse los casos de ausencia o enfermedad del presidente -Cerdá- que habrían determinado su sustitución.

Además, ha dicho que la gestión era desarrollada sobre todo por el presidente y el gerente y añadido que ni la Intervención del Gobierno de Murcia ni la Consejería de Hacienda plantearon nunca reparo alguno sobre las actividades del EPA.

También ha declarado como investigado José Caballero, empleado de la empresa Hidronostrum, sociedad que estuvo en el origen de la creación del proyecto de la desalinizadora, quien ha pedido a la magistrada que le concretara los presuntos hechos delictivos que se le atribuían para poder defenderse con todas las garantías.

Ha explicado que llevaba poco tiempo en la empresa cuando se produjeron los hechos que se investigan y que al archivo del ordenador intervenido por las fuerzas policiales tenían también acceso otras personas.

Ha expresado que algunos documentos intervenidos por los agentes y que son tenidos en cuenta por estos como indicios de presuntas actuaciones irregulares eran solo opiniones personales plasmadas en esos papeles que en modo alguno tenían relación con los hechos, al tratarse de reflexiones en abstracto.

Ha lamentado que se haya hecho una selección selectiva de los textos, ya que considera que los investigadores no han tomado en consideración otros que respaldarían una actuación ajustada a derecho.

Esta ronda de declaraciones de los nuevos imputados concluirá mañana con la de tres altos cargos de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), la empresa que acabó finalmente realizando las obras de la desalinizadora.