Comunidad Autónoma y Delegación del Gobierno chocan también en la Comisión Mixta para los terremotos de Lorca

Lorca

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y el Gobierno Regional han vuelto a poner de manifiesto sus diferencias, en esta ocasión, a cuenta de la gestión de la reconstrucción de Lorca en la reunión de la Comisión Mixta para los terremotos, un órgano que no se reunía desde 2017 y que, por primera vez desde 2011, volvía a tener una administración de signo socialista en la mesa.

El consejero de Fomento, Patricio Valverde, ha pedido al delegado del Gobierno, Diego Conesa, la renovación del convenio para pagar las ayudas de alquiler a las familias afectadas por los terremotos, que supondrá el abono al 50 por ciento de diez millones de euros por este concepto a damnificados, 690.000 euros correspondientes a atrasos impagados.

El texto del nuevo convenio se cerró con el anterior Ejecutivo central del PP y "solo está pendiente de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo apruebe en Consejo de Ministros para su firma", ha dicho Valverde, que ha indicado que "mientras el Gobierno de España no desbloquee el convenio, las familias no podrán recibir las ayudas".

El consejero Valverde criticó el "bloqueo injustificado" del Ministerio del Interior y señaló que "las familias siguen necesitando todo el apoyo de las administraciones porque todavía hay edificios en construcción y otros que serán demolidos, por lo que los propietarios siguen necesitando de estas ayudas".

Diego Conesa, el delegado del Gobierno, le ha respondido que el convenio de alquileres "caducó en mayo de 2017 y que estamos en octubre de 2018", al tiempo que le ha anticipado que el nuevo convenio "será una realidad y será remitido durante este mes al Gobierno regional".

El delegado ha opinado que "siete años después es una verdadera lástima que haya cientos de vecinos de Lorca que todavía estén con la ansiedad de no tener resueltos unos problemas que son exclusivamente burocráticos y administrativos".

Conesa ha abundado en que el tiempo transcurrido desde la catástrofe ha habido "siete años de gobiernos del PP en España y en Lorca y en la Comunidad que podían haber dado pasos y resuelto cuestiones".

También ha dicho que fue él mismo el que solicitó al presidente de Murcia, Fernando López Miras, la reunión de la Comisión Mixta en reiteradas ocasiones y ha pedido que trabajará por conseguir "soluciones dejando atrás el politequeo".

En la reunión, la Comunidad también ha solicitado al Gobierno de España que amplíe el plazo para que los damnificados puedan ejecutar las obras de reconstrucción de sus viviendas hasta el 30 de septiembre de 2019.

Para ello, es necesario que el Ministerio impulse una modificación del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, que fija actualmente en 24 meses el periodo máximo para la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas.

El delegado del Gobierno ha dicho que hay "voluntad" de prorrogar un año más ese plazo, aunque pedirá a la Comunidad Autónoma que "oponga los medios humanos y materiales que no ha tenido hasta ahora" para la resolución de los expedientes pendientes.

En el transcurso de la reunión, el responsable autonómico reiteró la petición de que el Estado condone a las familias lorquinas los intereses de demora que se han producido por la solicitud de reintegro de las ayudas concedidas.

El consejero pidió que el Estado "tome ejemplo" del Gobierno regional, que ya aplica esa medida que se incluyó en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año 2018, lo que "demuestra su absoluto compromiso".

Le ha respondido el delegado del Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado se aprobaron en el mes de mayo por el anterior Ejecutivo central del PP "y es una verdadera lástima que la petición de condonación no se hubiera hecho constar ahí en esa ley de acompañamiento presupuestario" la medida que hoy le ha trasladado la Comunidad.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, también ha asistido a la reunión y ha reclamado a ambas partes "un último impulso" para terminar la reconstrucción "ya que no estamos tan lejos como pensamos".

Gil ha solicitado que se prorrogue el funcionamiento de la Comisión Mixta durante un año, ya que su vigencia termina el próximo 31 de diciembre.

Cuando se ha iniciado la reunión una docena de representantes de la plataforma de afectados por el proceso de justificación de ayudas ha protagonizado una sentada frente a la puerta de la sala de comisiones en la que se encontraban los integrantes de la Comisión Mixta.

Ha criticado que haya llegado un segundo embargo a una afectada y han reclamado que el Gobierno central se pronuncie sobre la prescripción de los plazos para tener que justificar el uso dado a las subvenciones.