Arranca este lunes el juicio contra los 82 controladores de Balears por el caos aéreo de 2010

PALMA

Este lunes arranca el juicio contra los 82 controladores de Balears por el caos aéreo de 2010. Desde las 9:45 horas del lunes 8 de octubre y hasta el próximo jueves tendrán que comparecer cada uno de los trabajadores, una veintena de trabajadores cada día, para ratificar su escrito de defensa en la Audiencia Provincial de Palma y ya a partir del 3 de diciembre está fijada la vista oral.

La Fiscalía exige que haya un acuerdo unánime entre todos y que los acusados lo suscriban. El sindicato de controladores aéreos cree que la Fiscalía debería mantener la unidad de criterio y aceptar el acuerdo por el que los controladores admitirían un delito de abandono de funciones, y no uno de sedición, como se plantea alternativamente.

El delito de abandono se castigaría solamente con una multa mientras que si son condenados por sedición podrían ir a la cárcel.

Por el delito de abandono de funciones, el ministerio público solicita que se impongan a los acusados penas de multa de 36.000 euros a cada uno y dos años de suspensión para el ejercicio de la actividad de controlador aéreo.

De forma alternativa, y en el caso de que se estime que los hechos constituyen un delito de sedición, la Fiscalía pide una pena de 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la navegación aérea durante el tiempo de la condena. 

No hay un acuerdo unánime de todos los controladores de Balears, pero la gran mayoría estaría dispuesto a aceptar los cargos y pagar una indemnización, mientras que los restantes irían al juicio oral. Así, los controladores disconformes comenzarían el juicio el 3 de diciembre ya que serían los únicos que tendrán que declarar ante el juez y enfrentarse a los cargos presentados por la Fiscalía y por la acusación.

El portavoz de Unión Sindical de Controladores Aéreos, Daniel Zamit, habla de "sabor amargo" porque deberán reconocer un delito que "no comparten". 

El caos aéreo de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. Se abrieron más de veinte causas en juzgados de todo el Estado.