La vivienda: un derecho, no un negocio

Zaragoza

La vivienda tiene que ser un derecho, no un negocio. Es una de las premisas con las que el Gobierno de Lambán ha presentado el proyecto de Ley de Vivienda de Aragón, que en breve remitirá a las Cortes, y que espera que se apruebe antes del abril de 2019.  Que la vivienda sea un derecho impone una obligación a las administraciones, la de "proveer de una alternativa habitacional a toda persona, a toda unidad de convivencia de buena fe, en situación de vulnerabilidad, que se vea privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria o, como es ahora más habitual, en caso de desahucios por falta de pago de la renta", ha explicado el consejero de Vertebración, José Luis Soro.

El proyecto de ley recoge la creación de un Fondo de Vivienda Social, que gestionará los pisos de las diferentes administraciones aragonesas. "No se trata de quitar la competencia a nadie; se trata de trabajar coordinados, y la forma de ser eficaces es tener - de una forma gráfica - en una columna todas las viviendas y en otra, todas las familias".

Además se indica en la ley que la vivienda tiene una función social, y por eso se abre la posibilidad de expropiar los pisos a los bancos y a los grandes propietarios que tengan más de 15 viviendas.  Soro explica que la expropiación es el último recurso, que antes de llegar a ese punto se plantean requerimientos y sanciones, pero deja claro que la justicia permite esta decisiones. De hecho, el Tribunal Constitucional "ya se había pronunciado respecto a la ley navarra, se acaba de pronunciar sobre la ley vasca, y el TC ya ha declarado que las viviendas pueden ser expropiadas en cumplimiento de la función social a la que están llamadas".

Y un apunte más: la nueva ley, si se aprueba, recoge que las nuevas VPO que se construyan no se podrán vender. Según ha explicado Soro, "la protección de las viviendas alcanza toda la vida útil; no es posible las descalificaciones cuando una vivienda obtiene fondos públicos para poder obtener esta calificación". Por eso, "eno puede ser que pasado un plazo nadie haga negocio".

El proyecto de ley establece la obligatoriedad de acudir a la mediación en los casos de compraventa de un piso y en la financiación de una vivienda.