Sobre el cerco al Banco de Santander
Santa Cruz de Tenerife
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunció el lunes ante la Fiscalía la situación de las 358 viviendas del barrio de Añaza, afectadas por la decisión del Banco de Santander –a través de una de sus filiales- de no renovar los contratos de alquiler a parte de los vecinos que ocupan las viviendas, y activar posteriormente los desahucios de los mismos, por incumplimiento de sus obligaciones. Se trata, cuando menos de una situación enrevesada y extraña, reiteradamente denunciada por la activista antidesahucios Inma Évora, en esta ocasión en plena sintonía con el alcalde Bermúdez y otras autoridades tinerfeñas. Ayer mismo, Bermúdez anunciaba en un twit que el Ayuntamiento retiraba los fondos depositados en el Santander, ante la inacción del banco, que se ha negado siquiera a responder a los requerimientos realizados por el consistorio para buscar una solución. También Carlos Alonso, presidente del Cabildo, anunció en su cuenta de twiter la decisión de retirar los fondos de la corporación insular del Santander, en una iniciativa sin precedentes conocidos, o al menos sin precedentes publicitados. En total, el Santander puede perder en los próximos días depósitos por casi 30 millones de euros, algo que debería hacer reflexionar a los administradores del Banco.
Porque lo cierto es que el comportamiento del Santander huele a práctica abusiva: la propiedad de las viviendas recayó en el banco como resultado compensatorio de deudas contraídas por la promotora con la entidad, liquidadas tras la quiebra de la empresa constructora. La confusión de estos días sobre el carácter de viviendas de protección oficial –invendibles por lo tanto- no ha terminado de ser despejada ni por el Ayuntamiento ni por el Gobierno, pero lo que está claro es que un banco no puede tratar a sus inquilinos como si fueran delincuentes. Poner en la calle a más de 350 familias –la mayor parte de ellas dispuestas al pago de sus alquileres- es algo que no justifica ninguna lógica de mercado. El Santander debe buscar un acuerdo. No le conviene pasar a la historia como el primer banco que se enfrentó a las administraciones y a los ciudadanos de Canarias. Si no ceden, pueden sufrir un efecto dominó: estas cosas se sabe cómo empiezan, pero nunca puede garantizarse como terminan.
