El PP sale airoso de las acusaciones de Ganemos

Salamanca

La Justicia ha archivado las denuncias interpuestas por Ganemos en las acusaba al PP de haber cometido irregularidades en los contratos de la señalización en las vías públicas y del alumbrado público.

Asegura que tras las pruebas presentadas no se ven indicios de que se hayan cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, tal y como aseguraban desde Ganemos Salamanca.

El portavoz del Gobierno Municipal, Fernando Rodríguez, ha declarado que esta decisión es un "varapalo a la campaña de acoso y derribo emprendido por los concejales de Ganemos contra el alcalde de la ciudad y el Gobierno Municipal, con la que se ha pretendido también coaccionar a funcionarios públicos municipales"

Por su parte, Ganemos aseguran que, pese al sobreseimiento provisional del Caso Aceinsa, recurrirán esta decisión al considerar que sí se han cometido tales delitos. Denuncian la prórroga en ciertos contratos y el retraso en nuevas licitaciones.

Fernado Rodríguez ha explicado que: "el Juzgado afirma que puede criticarse el retraso en la tramitación del nuevo expediente de contratación, pero que no existen indicios de que desde el Ayuntamiento se intentara con ello dar un trato de favor a una empresa concreta y que tampoco existe delito de malversación de caudales públicos ya que difícilmente puede sostenerse que haya existido este delito cuando el Tribunal de Cuentas (órgano encargado de fiscalizar la actividad económica financiera del sector público) ya señaló en mayo de 2017, que no apreció hechos que pudieran determinar la exigencia de responsabilidad contable frente a persona alguna del Ayuntamiento de Salamanca.

En cuanto a la adjudicación del alumbrado público, el portavoz municipal ha afirmado que no existe tampoco delito de prevaricación, pues el Juzgado entiende que admitir como justificada la baja de la empresa que resultó adjudicataria fue una cuestión compleja que motivó informes y resoluciones (de órganos administrativos y judiciales) contradictorios, pero también todos ellos con una fundamentación aceptable y razonable, todo lo cual excluye de pleno la posible existencia de un delito de prevaricación"