Sobre la bajada del IGIC
Santa Cruz de Tenerife
Dentro de su intrínseca injusticia como impuesto indirecto, el IGIC es un impuesto positivo para Canarias: primero, porque toda la recaudación del IGIC se queda en las islas. Ni un duro se lo lleva el Estado: una parte del IGIC –el 42 por ciento- se destina a sostener las necesidades del Gobierno de Canarias, y con el resto se financia a los Cabildos y los ayuntamientos. Quedarse con todo el dinero de la recaudación es muy importante para Canarias, y ayuda a que Gobierno y corporaciones locales dispongan de ingresos más saneados, pero no es la única ventaja. También existe otra para los ciudadanos: y es que el tipo general del IGIC está en el 7 por ciento, justo la tercera parte de lo que supone el tipo general del IVA, que está en el 21.
El tipo general –que es el porcentaje del precio del bien o servicio que se tributa a la Hacienda pública, fue subido durante la crisis del cinco al siete por el Gobierno de Paulino Rivero, con una ley en la que se prometió que el impuesto se bajaría cuando la situación de crisis se revirtiera, y la recaudación por IGIC volviera a los niveles previos a la crisis. Y eso es lo que solicita el PP: que se cumpla con lo establecido en la ley. Pero pide más cosas: pide la exención de IGIC para el pan, aceite y pastas, electricidad, telecomunicaciones y todos los servicios públicos y privados de atención social. También pide una rebaja de la cuota autonómica del IRPF para rentas inferiores a los 22.000 euros, duplicar la deducción por familias numerosa, deducir el 20 por ciento del alquiler de la vivienda en rentas por debajo de los 30.000 euros, ampliar la bonificación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones a los tíos y sobrinos, llevar a los dos años la tarifa plana de 50 euros para autónomos y subir a 50.000 euros la franquicia del IGIC para autónomos y pymes. En realidad, lo que pide el PP es que en Canarias no se paguen impuestos, pero se suba el gasto educativo al cuatro por ciento del PIB y el sanitario al 8,5 por ciento, y eso se acompañe de financiación para la Ley de Servicios Sociales. Una bicoca: pura prestidigitación con las cuentas. La pena es que los partidos pidan todas estas cosas cuando no gobiernan, pero no las hagan cuando mandan y podrían hacerlo.
