El Ayuntamiento denuncia a la organización de las fiestas del Barrio Covadonga
El consistorio lleva ante la Fiscalía a la Asociación Cultural San Amancio
Torrelavega
El Ayuntamiento de Torrelavega ha denunciado ante la Fiscalía las presuntas irregularidades cometidas por la Asociación Cultural San Amancio, organizadora de las fiestas del Barrio Covadonga, al considerar que algunos de los hechos pueden encajar en conductas tipificadas como delitos penales.
Según la denuncia a la que ha accedido la Cadena SER se confirma que la Asociación Cultural no ha sido capaz de demostrar la autenticidad de las facturas presentadas para justificar las subvenciones municipales concedidas a las fiestas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 a nombre de proveedores presuntamente inexistentes, algo que parece, a priori, acreditado.
Además, fuentes municipales han confirmado que uno de los datos más reveladores en el caso es que la propia Asociación, en sus alegaciones, viene a reconocer que las facturas presentadas en primera instancia para justificar las subvenciones a las fiestas no son válidas.
A la gravedad de la situación se suma, a juicio de los técnicos municipales, que los nuevos justificantes de los gastos presentados tampoco son satisfactorios y aportan, si cabe, nuevas incertidumbres.
Como resultado de estas averiguaciones, según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento ha notificado a la Asociación San Amancio que debe proceder a la devolución de las subvenciones que recibió en los cuatro años, en total unos 55.000 euros.
Además, y ante la posibilidad de que se pueda estar ante delitos tipificados en el Código Penal por una presunta falsedad documental, la secretaría municipal ha procedido a denunciar los hechos ante la Fiscalía para que ejerza las acciones penales que estime oportunas.
Según Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), formación política que destapó estas irregularidades, "podríamos estar ante delitos de falsificación de documentos, fraude continuado y, quizás, malversación de fondos públicos", lo que puede conllevar entre cuatro y ocho años de prisión.
Además de solicitar a la asociación la devolución de las las subvenciones entregadas entre 2014 y 2017, el Ayuntamiento también paralizó la concesión de la subvención de 2018, unos 15.000 euros. Así mismo, las fuentes consultadas reconocen que no se ha investigado la existencia de cualquier irregularidad anterior a 2014, ya que habría prescrito.