Pérdidas millonarias y falta de control interno: así era la gestión del PP en Zona Franca

Cádiz

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz ha acumulado pérdidas de 60 millones de euros de dinero público desde 2013 a 2017 gracias a una gestión con “deficiencias procedimentales, incumplimientos normativos, debilidades del control interno, y falta de transparencia y publicidad”.

Así lo revela una auditoría de la Intervención General del Estado sobre el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, un documento cuyas líneas generales ahora Radio Cádiz les puede desvelar después de que esta información fuera trasladada ayer a los vocales del Comité Ejecutivo de la Zona Franca.

Ninguno de los vocales sabía de la existencia de este documento hasta este miércoles 24 de octubre, pese a que la auditoría empezó a analizar la gestión del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz desde 2013, cuando el delegado especial del Estado era Jorge Ramos, del PP. El análisis del estado del Consorcio se prolongó hasta 2017. El PP mantuvo silenciada, oculta esta auditoría en todo ese tiempo.

A Jorge Ramos lo sucedió en el cargo Alfonso Pozuelo, que en ningún momento informó al Comité Ejecutivo del Consorcio de que se estaba realizando la auditoría pese a que, durante la gestión del propio Pozuelo, fue formalizado un paquete de alegaciones a la auditoria. Todo sin informar al comité ejecutivo.

Poco después, el interventor elevó a definitivas las conclusiones del documento ante el silencio, de nuevo, de Pozuelo, que ni en su extenso balance público de su etapa al frente de la Zona Franca de Cádiz hizo referencia alguna a esta auditoría.

El documento consta de 109 páginas y concluye que entre 2013 y 2017 el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz acumuló por mala gestión pérdidas por un importe superior a los 60 millones de euros, una media de 12 millones anuales.

El texto advierte de que la gestión realizada por Ramos y Pozuelo en la Zona Franca de Cádiz “presenta importantes deficiencias procedimentales, incumplimientos normativos y debilidades del control interno”.

Además, identifica como causa de gran parte de la deuda “un mal uso” de los préstamos del Ministerio de Industria vinculados al Plan Reindus, ya que ninguno de los pagos comprometidos fue satisfecho, lo que ha provocado que se acumule una enorme cantidad de intereses devengados, retrasos y aplazamientos.

Por último, la auditoría desvela “la ausencia de planes estratégicos de inversiones, falta de control en inversiones deficitarias y falta de trasparencia y publicidad”.

Por este motivo, considera necesario, como conclusión, que se realicen cambios en los procedimientos de contratación de la Zona Franca de Cádiz, donde como recordarán, en la etapa analizada por la auditoría, el PP buscó acomodo a Enrique Moresco, quien fuera alcalde de El Puerto.

El último trabajo conocido por entonces de Moresco había sido el de asesor en el área de Turismo en la Diputación de Cádiz durante el anterior gobierno del PP. Tras acabar su vinculación con la Zona Franca de Cádiz, Moresco fue contratado a dedo como asesor del subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, también del PP.