El Parlamento cántabro no quiere que la lista más votada gobierne en los ayuntamientos

Santander

El grupo popular se ha quedado sólo en su intento de sacar adelante, en el pleno del Parlamento de Cantabria, una iniciativa para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, con el objetivo de "mejorar la transparencia, estabilidad y representación de los ciudadanos".

A excepción del diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, que se ha abstenido, todos los grupos han votado en contra de esta proposición no de ley, al entender que con ella el PP trata de "cambiar las reglas del juego" en lo que han considerado que es "un intento de engañar a la ciudadanía".

Con esta propuesta, defendida por Luis Carlos Albalá, los populares pedían instar al Gobierno central a que respaldase que la lista más votada gobierne en los Ayuntamientos y que los partidos políticos del Congreso de los Diputados iniciasen un debate para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Albalá ha opinado que la medida de que gobierne la lista más votada "es de sentido común" y supondría una mayor estabilidad, transparencia, gobernabilidad y un máximo respeto a la voluntad de los votantes.

Una opinión que ha suscitado las críticas del resto de grupos, que han considerado esas afirmaciones "falacias" y han afeado a Albalá que traslade un "mensaje engañoso" a la ciudadanía.

El portavoz socialista, Víctor Casal, ha subrayado que el PP tiene "un problema" porque tras 40 años de democracia "todavía no ha aprendido los mecanismos democráticos" y le ha acusado de presentar propuestas en las que "ni ellos creen".

Además, ha señalado que en Ampuero gobierna el PP cuando la lista más votada en las urnas fue la socialista, lo mismo que el portavoz del PRC, Pedro Hernando, quien ha señalado que los populares han apoyado a fuerzas políticas que no han ganado las elecciones en los municipios de Santiurde de Toranzo, Guriezo y Miengo, por lo que ha opinado que se trata de una propuesta "vergonzante".

El diputado de Podemos Alberto Bolado ha considerado esta iniciativa una prueba de la "incapacidad para llegar a acuerdos" de los populares, que, en su opinión, con este "atropello democrático" pretenden que las elecciones sean "como un partido de fútbol".

Además, Rubén Gómez, que ha sido el único integrante del grupo mixto presente en la sesión, al no estar Juan Ramón Carrancio, ha afeado al PP cántabro que presente esta proposición no de ley porque supone un intento de "fijar las reglas del juego electoral para adaptarlo a sus necesidades", y ha agregado que ya existe una subcomisión en el Congreso de los Diputados encargada de estudiar posibles modificaciones a la LOREG.

Por otra parte, el pleno ha rechazado una moción del grupo popular, defendida por Isabel Urrutia, para instar al Gobierno de Cantabria a convocar "de manera urgente" las ayudas a Entidades Locales destinadas a suprimir y evitar cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial para garantizar la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios a todas las personas con discapacidad.

Y para que dotar en los presupuestos de Cantabria de 2019, partidas presupuestarias nominativas, destinadas a ayudas a las Entidades Locales para la eliminación de barreras.

Frente al apoyo prestado a los populares por Podemos y el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, Rosa Valdes (PRC) y Silvia Abascal (PSOE) ha coincido en opinar que el PP con su moción solo busca "rédito electoral" y han reprochado a Urrutia que no fuera "tan reivindicativa" cuando el PP tenía responsabilidades de gobierno en la comunidad autónoma.

Además, Urrutia ha interpelado al Gobierno sobre los criterios del Ejecutivo para "permitir la venta del inmueble y la pérdida del edificio" que albergó hasta 2016 el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas.

Aunque Urrutia ha insistido en que las explicaciones debía darlas la consejera de Sanidad, finalmente ha sido el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, quien apelando a que el Patrimonioo es una cuestión de su departamento, ha intervenido para señalar que esta infraestructura no está en venta.

"No hay ninguna acción ni decisión para que se proceda a la venta de este patrimonio", ha subrayado Sota, quien, además, ha afirmado que tampoco de ha producido ningún recorte de los servicios que se prestaban en el centro, porque éstos han sido traslados al hospital de Liencres.

Con esa rotundidad ha respondido a la afirmación de Urrutia de que la intención de vender es "una certeza", después de que "primero el Gobierno lo vaciara de personas y después cerrara el centro de día de personas en situación de dependencia".