Anticorrupción considera probado que la Junta creó un "sistema totalmente opaco" para pagar ayudas y provocó "menoscabo de fondos públicos"

Sevilla

“Primero el dinero y luego los papeles”, la frase se la ha atribuido el fiscal a uno de los acusados, al exdirector de Trabajo, Juan Márquez. La pronunció en 2009 en diálogo con un empresario y aparece documentada en los papeles de este juicio político de los ERE. La frase refleja lo que pasó durante una década en Andalucía y se juzga en la Sala, según Anticorrupción. Durante diez años ha quedado probado que funcionó un “sistema de concesión de ayudas totalmente opaco, sustraído al conocimiento de los andaluces; y lo que es más grave, al conocimiento debido del control de la Intervención”, ha señalado el fiscal. Y de ahí el “daño efectivo y real de menoscabo de fondos públicos”, que se ha constatado.

Era un sistema complementario al estatal pero sin bases reguladoras, ha explicado la Fiscalía. Un procedimiento bautizado como “procedimiento específico” del que tuvieron conocimiento los acusados a través de los diferentes informes que elaboró la Intervención, donde advertía que Empleo estaba concediendo ayudas que pagaba la agencia pública IDEA. Con esta fórmula el interventor de Empleo no podía controlar el gasto y los interventores de IDEA no podían ver los expedientes de concesión. Expedientes, por otro lado, que en la mayoría de los casos no recogían ni la solicitud ni memorias económicas ni resolución de concesión de la subvención.

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La Fiscalía también considera probado en el juicio que el Parlamento Andaluz nunca supo que estas ayudas las otorgaba Empleo y las pagaba IDEA. Así, ha citado ante la Sala lo declarado por el expresidente del Parlamento, Manuel Gracia, que lo desconocía. Y luego ha leído las conclusiones de la comisión de investigación de la cámara andaluza donde se dice que los parlamentarios no podían saberlo. “Es insostenible decir que el Parlamento consentía y legitimaba” el procedimiento. “ En ninguna ficha presupuestaria del programa 31 L, ninguno de los documentos que llegaban al Parlamento en el proyecto de ley de presupuestos se dice que las transferencia de dinero de Empleo a IDEA eran para pagar subvenciones”, ha reiterado el fiscal.

El Ministerio Público ha razonado que está probado el delito de prevaricación en el sentido de arbitrariedad. En el sentido de que los acusados buscaron un sistema "deliberadamente" prevaricador "a sabiendas de su injusticia" que permitía su funcionamiento "sin control, sin papeles y sin justificantes". Los acusados, ha dicho el fiscal, con sus decisiones "permitieron que solo una mínima parte de los trabajadores o las empresas andaluzas pudieran acceder" a estas subvenciones, que nunca se publicitaron ni tenían bases reguladoras.

La malversación también ha quedado acreditada, según los fiscales anticorrupción. "El ánimo de lucro no exige enriquecimiento" , ha puntualizado. "Todos los que conocieron los informes de la Intervención se saltaron "el deber de fidelidad " hacia las arcas públicas. Todos los que están acusados de malversación, entre ellos el expresidente Griñán, supieron según el fiscal que Empleo disponía de fondos sin ningún control y sin necesidad de justificar qué hacían con ellos. "El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado", ha argumentado la Fiscalía, y el sistema que crearon los acusados permitió el enriquecimiento de empresas, "vía ahorro de gastos" y de terceros ajenos a cualquier interés social o público debidamente acreditado.

"El mecanismo de movilización de fondos" ha permitido que se produzcan los delitos de los que acusa el fiscal. "Era una situación conocida y buscada por los acusados", ha enfatizado en otro momento. Y ha añadido que la Junta solo se movilizó para reclamar el dinero concedido de forma ilegal cuando se abrió la investigación del caso de los ERE.

En el banquillo se sientan los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 ex altos cargos de la Junta. La Fiscalía pide para Griñán 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de malversación y prevaricación continuadas; y 10 años de inhabilitación para Chaves por supuesta prevaricación continuada.

El juicio continuará este martes. El fiscal seguirá leyendo su informe.