Sociedad

Aprobada la ordenanza de que regula las terrazas en Cádiz

El texto, consensuado con los agentes sociales y económicos implicados, ha contado con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz / Ayuntamiento de Cádiz

Cádiz

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves en una sesión extraordinaria la ordenanza de ocupación de vía pública con terrazas y otros elementos anexos en establecimientos de hostelería.

El texto ha contado con el voto favorable del equipo de gobierno (Por Cádiz sí se Puede y Ganar Cádiz en Común), del PSOE y de Ciudadanos, mientras que el PP se ha abstenido comprometiendo su apoyo a la aprobación definitiva cuando se incorpore en el periodo de alegaciones un paquete de cuestiones que ya han sido acordadas.

Tras la aprobación inicial, se abrirá un periodo de alegaciones y, posteriormente, la ordenanza volverá a Pleno para su aprobación definitiva y que pueda entrar en vigor a principios de 2019. Existe asimismo un compromiso del equipo de gobierno para incorporar al texto final una serie de alegaciones de Horeca que se plantearán en este periodo que ahora se abre.

Precisamente en ello ha fundamentado el PP su abstención, argumentando que es una “garantía” para que se incorporen esas alegaciones al texto definitivo. El resto de grupos ha votado favorablemente a la aprobación inicial de la ordenanza de terrazas.

Entre otras novedades, se incorpora que las autorizaciones de ocupación estén ligadas a que los establecimientos cumplan con la normativa en materia de accesibilidad, que los hosteleros estén al día con la Seguridad Social, al tiempo que facilita los trámites a la hora de gestionar las autorizaciones.

Asimismo, se establece que el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ordenanza será una mesa de seguimiento integrada por todos los actores que han contribuido a su elaboración.

El concejal de Vía Pública, Martín Vila, ha destacado que se trata de una ordenanza “absolutamente necesaria” y que viene a “eliminar cualquier tipo de arbitrariedad, así como a dar seguridad jurídica tanto a ciudadanos, como a hosteleros y al propio Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la legalidad”.

 
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