Sobre la entrada en vigor del Estatuto

Santa Cruz de Tenerife

El Boletín Oficial del Estado publicó por fin el martes, con un día de retraso sobre lo que se preveía, la ley orgánica del reformado Estatuto de Autonomía de Canarias. El Estatuto desvincula el REF de la financiación autonómica, elevando de esa forma el rango de protección de las medidas que contempla el REF. También define la existencia de un mar interior canario, convirtiendo así a las islas en la primera autonomía cuyo territorio computa el espacio que ocupa el mar que circunda sus costas. Además, el nuevo Estatuto incorpora algunas declaraciones de carácter social (por desgracia más solemnes que ejecutivas), pero –sobre todo- el Estatuto modifica alguno de los mecanismos tradicionales por los que se ha regido la política canaria.

El primerio de ellos es la reforma del sistema electoral. El sistema sí incorpora una importante mejora: la desaparición de abusivos topes electorales que impedían estar presentes en el Parlamento a partidos con fuerte peso regional. La modificación de la distribución de los diputados por islas no cambia, con la excepción del diputado más para Fuerteventura, una pírrica derrota del sistema de la triple paridad, y la lista regional quedará repartida entre los partidos mayoritarios en proporción muy similar a la del voto insular.

Más novedosos son otros cambios de índole política: algunos también de carácter simbólico, como la asunción por parte del presidente del Gobierno de la condición de Presidente de Canarias, o la declaración de La Graciosa como octava isla, aunque eso no implique ningún derecho político específico para sus habitantes, que seguirán siendo vecinos del municipio lanzaroteño de Teguise. Lo más importante quizá sea la capacidad que el nuevo Estatuto confiere al presidente del Gobierno para disolver el Parlamento y convocar elecciones en caso de atasco político, o para aprobar decretos ley en casos de urgente necesidad. Se trata de mejoras que modifican algunos de los mecanismos de la política canaria. Y luego está la cuestión de la pérdida del aforamiento de diputados y miembros del Gobierno, que estrena además con polémica, por la posible afección de la medida a la indefinida situación procesal del presidente Clavijo, a cuenta de la denuncia por el caso Grúas.