Lacalle: 'el PSOE volverá a cobrar en la AP1 cuando pasen las elecciones'

Burgos

La autopista AP1 volverá a ser de pago dentro de poco más de un año, en cuanto pasen las elecciones locales y nacionales. Así lo ha asegurado el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, que califica de engaño del PSOE la liberación del peaje desde el 1 de diciembre. Lacalle, también secretario general del PP en la provincia, ha arremetido contra el gobierno socialista al que acusa de querer ganar tiempo y unos cuantos votos para volver a imponer el pago por circular por la AP1 cuando sus intereses de partido lo determinen. El portavoz socialista municipal, Daniel de la Rosa, ha retado a Javier Lacalle a comprobar dentro de un año que el trayecto de la AP1 sigue siendo gratuito y defiende como un compromiso cumplido del gobierno socialista, la liberación del peaje al término de la concesión. Para Lacalle, el Real Decreto de medidas urgentes en materia de carreteras del 8 de noviembre publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece claramente que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) podrá imponer el cobro de peajes en las autospistas que reviertan al Estado tras una concesión administrativa.

Javier Lacalle recuerda que fueron gobiernos socialistas los que prorrogaron la concesión de la AP1 desde 1994 hasta este 2018 y serán en total 44 años de gestión en manos privadas, desde el año de adjudicación en 1974. El grupo popular llevará al pleno del Ayuntamiento de Burgos el próximo viernes una proposición que pide derogar la Disposición adicional séptima, artículo 2, del Real Decreto, que permite cobrar al Estado por las autopistas recuperadas. Exige además al Ministerio de Fomento información sobre cómo se realizará el mantenimiento de la vía desde el próximo 1 de diciembre. Javier Lacalle ha animado a ayuntamientos e instituciones a realizar pronunciamientos en este mismo sentido. En el terreno laboral, trabajadores de la concesionaria Europistas han acampado frente al Ministerio de Fomento hasta que el ministro, José Luis Ábalos, los reciba y explique los planes que tiene para la plantilla, afectada por un Expediente de Extinción de contratos para sus 111 empleados. Achacan también a la Junta de Castilla y León no haberles defendido como ha hecho con los trabajadores de Vestas o Gamesa.