Antonio Tirado se sentará en el banquillo por el caso Grand Coral

Castellón

El ex alcalde de Castellón, Antonio Tirado, se sentará en el banquillo acusado de cooperador necesario en un delito de apropiación indebida por el caso Grand Coral. El Fiscal y la Abogacía del Estado pide para él penas de hasta 3 años de cárcel. La Audiencia Nacional ha anunciando este lunes la apertura del juicio oral contra Antonio Tirado y otros 47 acusados por el caso del presunto saqueo de la caja valenciana Bancaja en operaciones inmobiliarias en México.

El informe del Ministerio Fiscal denunciaba indicios de responsabilidad criminal en los integrantes del consejo de administración que votaron favorablemente los acuerdos relativos al grupo Grand Coral. Los peritos del Banco de España concluyeron que estas operaciones provocaron un quebranto de 750 millones en la antigua caja de ahorros. Como consecuencia, Bancaja tuvo que fusionarse con Caja Madrid, que también arrastraba problemas de solvencia. El nuevo banco nacido de esta concentración es el origen de Bankia, que tuvo que ser rescatado con cerca de 20.000 millones de dinero público.

El resumen de escritos de acusación revela que finalmente solamente la Fiscalía y la Abogacía del Estado acusarán formalmente al conjunto del consejo, en el que se encuentra Antonio Tirado. Sin embargo, Bankia Habitat, que presentó la denuncia original, y Caixabank, como heredera del Banco de Valencia, le eximen, dado que no tenía funciones ejecutivas. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado sí han mantenido las acusaciones de cooperador necesario en un delito de apropiación indebida, razón por la que se sentará en el banquillo con peticiones de penas de hasta tres años de cárcel.

Las dos entidades financieras, la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí han mantenido las acusaciones contra otros empresarios que presuntamente colaboraron en el entramado de cuentas bancarias y sociedades en Andorra u Holanda. Es el caso del presidente de Aguas de Valencia, el castellonense Eugenio Calabuig, a quien el juez De Egea envía a juicio oral por cooperación necesaria de un delito de blanqueo de capitales, apropiación indebida y administración desleal. La Fiscalía reclama tres años de prisión y multas de 88 millones.