Podemos plantea que Canarias disponga de una ley de niños robados

Tenerife

Canarias no necesita sólo de una Ley de Memoria Histórica, sino de una norma que dé un tratamiento específico a situaciones particulares, como las que vivieron muchos menores que fueron "robados" durante el franquismo. Es lo que piensa el grupo parlamentario de Podemos. Por ello, han dado los detalles, en la Cámara autonómica, de esta propuesta de ley elaborada por el diputado de la formación morada, Manuel Marrero.

Según ha explicado pretende recoger "las características" y también "las necesidades" de este colectivo de personas que fueron entregados a casas cuna y otras instituciones, adoptados o robados directamente para su venta. Pero con una precisión tenporal. No con el límite de 1975. Quieren que llegue hasta el año 2001. "Pretendemos dar solución, en la medida que se pueda, a los problemas que se sucedieron desde el golpe de Estado en adelante, y durante el periodo democrático también. Al parecer, hay menores robados incluso hasta el año 2000", ha señalado. Una situación que ha calificado de "sangrante".

Además, el parlamentario autonómico ha querido poner en valor que es una iniciativa "pionera" en este país. Sus intenciones pasan porque se pueda debatir esta ley en lo que resta de legislatura para que pueda aprobarse "antes de que finalice para "conocer la verdad y hacer justicia".

A través de esta ley Podemos pide la tutela judicial para los afectados para evitar “su desamparo”, la necesidad de acometer una reparación económica, pero “no pagarles como si fueran mutilados de guerra” y solicita la creación de una comisión canaria por el derecho a la identidad. Asimismo, la norma también apuesta por el acceso a los archivos eclesiásticos, documentos que Marrero considera "clave para la resolución de los casos", mientras que insistió en que el trabajo de la Policía Nacional y Guardia Civil deberá ser "fundamental" para el esclarecimiento de los casos. Además, Marrero ha señalado que el Gobierno de Canarias y las diversas instituciones tienen el deber de poner los archivos a disposición de las víctimas, de implicarse, de crear un banco de ADN y un registro con las personas que buscan a su familia.