Sobre la reforma educativa
Santa Cruz de Tenerife
Con la derogación de la ley Wert como objetivo declarado, la reforma educativa que prepara el Gobierno Sánchez repite el formato recurrente de la pelea que desde el inicio de la Transición enfrenta a conservadores y progresistas cada vez que se trata la cuestión de regular la Educación. Lo que se pretende es hacer desaparecer las principales aportaciones conservadoras –las más polémicas, por tanto- de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que logró incendiar las aulas españolas y sus aledaños. El ministro José Ignacio Wert logró concitar un extraordinario rechazo social y parlamentario a su ley. Después de cuatro reformas capitaneadas por los socialistas, la primera que llegó a entrar en vigor a propuesta del PP, la Ley Wert, supuso otra oportunidad perdida para alcanzar un pacto nacional en materia de Educación, y lograr un principio de entendimiento entre partidos y ciudadanos sobre la que debería ser –sin duda- la ley con más respaldo social. Por desgracia, en España parecemos condenados a que no sea así.
Fue en 2002, con la LOCE de Zapatero, cuando se produjo el primer gran conflicto ideológico: la ley convirtió en voluntaria la asignatura de religión, y en obligatoria y evaluable la asignatura de Educación para la Convivencia, creada reduciendo horas a Lengua y Literatura. Las organizaciones confesionales protestaron, considerando que la ley suponía una intromisión estatal en el adoctrinamiento moral de los escolares. También redujo el nivel de exigencia a los alumnos, que pasaban los cursos sin necesidad de aprobarlos por completo. Como reacción a esos cambios llegó la Ley Wert, y ahora el nuevo proyecto del PSOE pretende recuperar el diseño ideológico de las anteriores leyes socialistas y –al menos de boquilla- reducir los índices de repetición y de abandono escolar. La cuestión es que el PSOE no cuenta con demasiado margen. Y el proyecto ya ha sido rechazado por el PP.
Es una lástima que esta ley no reparta nada: si hubiera puestos en algún consejo general, al estilo del reparto del Poder Judicial, seguro que se lograba poner al PSOE y al PP de acuerdo, y hacer una ley que dure –si no una entera generación- al menos algo más de cinco años.
