Sobre el informe de la Fiscalía
Santa Cruz de Tenerife
Fernando Clavijo ha pedido 24 horas para ‘digerir’ la información publicada esta mañana por los medios de Prensa Ibérica que revela que el fiscal Garrido ignoró el informe realizado por su subordinado, el teniente fiscal del TSJC Demetrio Pintado, en el que se asegurara que en el ‘caso grúas’ no se aprecia responsabilidad penal del presidente ni indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Lo cierto es que la ocultación de este informe es algo asombroso. Sobre todo porque podía ser determinante a la hora de producirse la exculpación de Clavijo por el TSJC, que los abogados del presidente reclamaron en distintas ocasiones. Sin embargo, el informe, registrado en el sistema Atlante, permaneció opaco para el alto tribunal hasta que se produjo la publicación del Estatuto de Autonomía, que supone la pérdida de aforamiento de Clavijo y el traslado del caso al tribunal de La Laguna que primero sobreseyó el caso y luego –a reclamación de la Audiencia Provincial presidida por el juez Astor Landete- inició una revisión en la que tanto el fiscal y la jueza que habían solicitado el sobreseimiento optaron por hablar de la existencia de delitos. De esa forma, el caso paso al TSJC, que nunca pareció muy interesado en resolverlo.
La sorpresa de Clavijo en este asunto, sin embargo, no parece creíble. Hace pocas semanas reclamo que se entregara ya el informe de la fiscalía (retrasado durante dos meses) y pidió responsabilidades al ministerio fiscal, que fueron objeto de crítica por los fiscales, las asociaciones judiciales y la oposición política. Parece probable que si Clavijo actuó de esa manera fue porque conocía de la existencia del informe exculpatorio. Pero al final eso es lo de menos. Al final, lo de más es que el TSJC, que debe reunirse para responder sobe la condición o no de aforado de Clavijo, conoce ya la existencia de un informe de hace dos meses, en el que el teniente fiscal aconsejaba el archivo del caso. Esta historia es un verdadero escándalo. Una raya más para el traje de tigre de las muy politizadas Justicia canaria y española.
