El PP pide a Ruiz Boix que asuma los costes de la sentencia del Fondo de Contingencia
Marina García recuerda que su partido ya alerto de la presunta ilegalidad en un traspaso de fondos
Marina García, José Loaiza y Carlos Mescua, en una imagen de archivo.(CADENA SER)
San Roque
Según ha dado a conocer esta mañana el Partido Popular de San Roque, una sentencia emitida el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo ha dado la razón a dicha formación política tras una denuncia presentada por sus dirigentes en 2016, acerca de un presunto traspaso ilegal de 188.000 euros, ordenado por el alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, desde el llamado Fondo de Contigencia Municipal a una de sus empresas municipales, Emadesa SA.
El PP alertó y votó en contra de esa supuesta operación ilegal, puesto que dicho fondo está destinado a actuar ante situaciones de emergencia como inundaciones o incendios, según Marina García, quien asegura que ahora con esta sentencia que obliga al Ayuntamiento a correr con las costas del caso, ha exigido al alcalde que las cantidades a abonar sean sufragadas por el PSOE de San Roque.
La popular asegura que, a pesar de tener conocimiento de esa sentencia en contra, el alcalde no ha incluído una partida específica para afrontar los costes, en la partida destinada a indemnizaciones y ejecuciones de sentencia del presupuesto municipal del próximo ejercicio.
EL PP CONSIDERA "ILEGAL" EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
Casi una semana después de su debate plenario, que acabó con la aprobación inicial del documento únicamente con los votos a favor del gobierno municipal socialista, el PP de San Roque ha argumentado su negativa a los presupuestos municipales elaborados por el alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix.
Marina García, portavoz del PP en la corporación, asegura que las cuentas municipales para 2019 son "irreales" y que, además, incumplen la norma de Techo de Gasto impuesto por el Gobierno. Un aspecto, este último, que incluso avanza en su informe la Intervención del Ayuntamiento.
La popular asegura que el alcalde presume de aprobar el primer presupuesto de la provincia cuando lo que realmente ha elaborado, según ha dicho, es un presupuesto ilegal.
