Garrido pide a la justicia que suspenda Madrid Central porque "causa un daño irreparable"

Madrid

El Gobierno madrileño ha pasado de las amenazas a los hechos. Después de varias semanas amagando con llevar a los tribunales el proyecto de Madrid Central, al final la Comunidad de Madrid ha cumplido su anuncio. La Abogacía General ha presentado un recurso Contencioso-Administrativo que va directo al corazón de ese proyecto, porque pretende anular la nueva ordenanza de movilidad, es decir, el texto normativo en el que se asienta todo el marco legal del plan del Ayuntamiento de Madrid, que pretende restringir el tráfico rodado en el centro de la capital.

En el escrito judicial, al que ha tenido acceso la SER, se solicita al juez “la apertura de una pieza separada” para la “suspensión de la vigencia” del proyecto, que entrará en vigor el próximo 30 de noviembre.

La Comunidad de Madrid suplica al TSJM que frene ese proyecto, pero no ha optado por medidas cautelarísimas – una vía mucho más rápida e inmediata para conseguir el bloqueo temporal-, sino que han recurrido a “suspensión cautelar”. Los letrados alegan que “su entrada en vigor, dada su dimensión, puede causar unos evidentes perjuicios al conjunto de la Comunidad de Madrid, municipios limítrofes y a la ciudadanía, que no podrían ser reparados en el probable supuesto que finalmente se declarase la nulidad de la misma”, aseguran en el recurso judicial. Los letrados de la Comunidad de Madrid recurren al Periculum in Mora, principio jurídico en el que se justifica la urgencia de la suspensión cautelar, en este caso argumentando que “causan un daño irreparable”.

El Presidente madrileño se justifica, si ha dado el paso de ir a los tribunales “no ha sido para abrir una batalla política contra el Ayuntamiento de Madrid”, sino ante un “ejercicio de responsabilidad”, según Ángel Garrido, “para defender la salud de los madrileños”.

El recurso de la Comunidad de Madrid se basa en diez puntos. En primer lugar, en la "falta de trámites e informes preceptivos", concretamente el informe preceptivo de la Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación de la Gerencia de la Ciudad. Según los abogados de la Comunidad de Madrid, la ordenanza tenía que haberse sometido a un “informe preceptivo” del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) o de la Consejería de Transportes.

Además, "se perciben insuficiencias en la memoria de impacto normativo que también pueden suponer causa de nulidad". "El Ayuntamiento no ha analizado el coste para el ciudadano de la norma, en la medida que este tiene que usar o pagar otros medios alternativos a su vehículo o pagar uno nuevo que cuenta con los nuevos requisitos", ha explicado. Tampoco, según el Gobierno, se ha tenido en cuenta "los efectos en la zona dado el previsible efecto disuasorio que ocurrirá con la puesta en marcha de este proyecto, con la consecuente caída del consumo y los comercios y en el sector hotelero".

Otro de los puntos que motiva el recurso es "la ausencia de informe de impacto en materias tan importantes como la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad".

Los letrados también argumentan que el texto de la ordenanza, que fue sometido a información y audiencia, es "sustancialmente distinto al que finalmente fue aprobado". Entre otras cuestiones, "no se recogía la delimitación de Madrid Central, ni tampoco su regulación en los términos en los que ha salido adelante".

El Presidente madrileño también ha destacado que "el perímetro de Madrid Central ni siquiera comprende las zonas más contaminadas de Madrid, según el informe de calidad del aire del propio Ayuntamiento del año 2017" así como "no hay evaluación del impacto medioambiental en las zonas colindantes".

Garrido también ha indicado, que el Ayuntamiento de Madrid "no se ha dado audiencia a los municipios limítrofes que se van a ver afectados, ni existe en el expediente estudio sobre el impacto de la medida, ni consta en la memoria" y advierten de que el proyecto "omite la reserva de plazas de aparcamientos para personas con discapacidad, incumpliendo la legislación".

También, ha detallado que los últimos puntos recalan en que la entrada en vigor "no lleva aparejadas medidas que permitieran su eficaz aplicación", porque "no se ha dotado a Madrid de carriles de acceso preferente para autobuses interurbanos, ni se han abierto aparcamientos disuasorios, ni existe una planificación de transportes"; así como en que no se ha tenido en cuenta el impacto de puesta en marcha en fechas como la Navidad.