Los procuradores del PP proponen incentivar la actividad económica favoreciendo la financiación de las pymes
Los populares también proponen deducciones para las familias en el tramo autonómico por la adquisición de vehículos eléctricos
Segovia
Los procuradores del Partido Popular por Segovia, Juan José Sanz Vitorio, José María Bravo y Mª Ángeles García, han explicado las iniciativas legislativas para activar la actividad económica que pasa por la presentación de dos Proposiciones de Ley en el Pleno de las Cortes. La primera consiste en favorecer la financiación de las Pymes.
Juan José Sanz Vitorio se ha referido a la lanzadera financiera que en nuestra provincia ha registrado 641 solicitudes por un importe de 137 millones de euros y una inversión inducidas de 260, lo que afectará a 12.133 puestos de trabajo.
Esta proposición de Ley, se enmarca según Sanz Vitorio, en un contexto de mejora de la Financiación a Pymes y en el Marco del Plan de Crecimiento innovador para Pymes y empresas de mediana capitalización con el objetivo de que ganen dimensión a través de la innovación, mejorando así su competitividad, favoreciendo el crecimiento a través de la incorporación de estrategias de internacionalización.
El éxito de este Plan ha hecho que sea necesario incrementar los recursos. La materialización será a través de un préstamo suscrito entre el Instituto para la Competitividad Empresarial y el Banco Europeo de Inversiones, canalizándose a través de la sociedad Sodical. Con estos 75 millones de euros consumidos se ha alcanzado una inversión inducida de 260 millones de euros y un empleo generado o mantenido de 7.400 puestos de trabajo.
La segunda iniciativa habla de incentivos fiscales, mejorando la presión fiscal, sumando un nuevo beneficio fiscal, más justo y progresivo.
Y de avanzar en los planteado en el Acuerdo del Consejo de Europa de 2014 de reducir en un 40% los gases de efecto invernadero en el sector del automóvil. Sanz Vitorio señalaba que Castilla y León es la primera Comunidad en producción de vehículos, el 25% del PIB sale de este sector y afecta a 50.000 empleos.
La propuesta pasa por la deducción de hasta un 15% de los recursos destinados por las familias a un vehículo eléctrico puro o híbrido con autonomía por encima de los 40 km/h en modo eléctrico.