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Sábado, 18 de Enero de 2020

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La Audiencia Nacional inicia el trámite para juzgar a la cúpula de Sa Nostra por desviar fondos

El juez da el primer paso para sentar en el banquillo a los ex directores Pere Balte y Pau Dols por apropiación indebida y administración desleal

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha iniciado el trámite para juzgar a los ex directores de Sa Nostra, Pere Batle y Pau Dols, al subdirector Rafael Gerardo Oliver y a otras dos personas más por operaciones inmobiliarias que podrían haber supuesto la comisión de dos delitos continuados. Uno de apropiación indebida y otro de administración desleal.

El juez ha pedido ya a la Fiscalía y a las acusaciones que presenten sus escritos de calificación. En esta causa se están investigando algunas operaciones inmobiliarias impulsadas por Sa Nostra a través de su filial inmobiliaria, Invernostra.

Al margen de los 3 directivos de Sa Nostra hay otras dos personas investigadas que son el empresario inmobiliario Martín Gual Frau que según el juez, es el que negocia y alcanza los acuerdos con Sa Nostra que sólo, dice el magistrado, beneficiaban a su grupo empresarial en detrimento de la propia caja a la que se le ocasionaron, según el juez, graves perjuicios económicos.

La investigación se centra en la compra de los terrenos de Son Bordoy, Son Morlà y Son Morlanet, en el Molinar. Una operación de casi 100 millones de euros financiadas por Sa Nostra y que compró el empresario Marín Gual que ahora también está investigado. La idea era crear allí 850 viviendas que nunca se hicieron.

Es un auto de cuatro páginas en el que el juez exculpa a una veintena de consejeros entre los que se encontraba el actual portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover.

Habla el juez de una serie de operaciones de financiación entre 2005 y 2011 entre Sa Nostra y el Grupo Martín Gual omitiendo deberes elementales de gestión generando un perjuicio patrimonial y permitiendo que se desviarán parte de los fondos.

Ahora tanto la Fiscalía como las acusaciones personadas tiene diez días para pedir la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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