La Diputación reduce a 15 meses la petición de cárcel
Juicio 'Caso de Miguel' / Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)
Bilbao
La Diputación de Bizkaia, personada como acusación particular en el juicio por el "caso De Miguel", ha rebajado de un total de seis años a un año y tres meses de cárcel la pena que solicita para los dos imputados de este macroproceso a los que acusa de delitos fiscales.
Se trata de los empresarios Josu Arruti Odriozola y Josu Arruti Letemendia, padre e hijo, vinculados con una fallida recalificación de terrenos para la instalación de un polígono industrial que la presunta trama corrupta trató de llevar a cabo en la localidad alavesa de Zambrana y en la que, según reconoció expresamente en el juicio uno de ellos, se cobraron comisiones ilegales.
La diputación vizcaína pedía cuatro años de cárcel para Arruti Odriozola por dos delitos fiscales y otros dos de prisión para su hijo por otro delito fiscal.
Ahora ha rebajado en su escrito de conclusiones definitivas su petición a un año de cárcel para Arruti Letemendia por un delito fiscal, y tres meses de prisión y una multa de 32.400 euros para su padre.
El letrado de la Diputación vizcaína Guillermo Onaindia ha presentado su informe final hoy en el juicio que arrancó el pasado enero en la Audiencia de Álava.
Onaindia ha rebajado sus reclamaciones al considerar que concurren las atenuantes de confesión y reparación de daño, ya que los acusados han reconocido delitos y han devuelto el dinero supuestamente defraudado.
También ha precisado que el delito fiscal que reclama para Arruti Letemendia sería subsidiario del cohecho pasivo que le imputa la Fiscalía por lo que si es condenado por este último no lo sería por el que pide la Diputación.
De los 26 imputados en este proceso, padre e hijo son dos de los nueve acusados que pactaron un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal. La Fiscalía pide 9 meses de cárcel para el primero y un año y nueve meses de cárcel para el segundo.
Durante el juicio Arruti Letemendia, administrador de la sociedad mercantil Sidepur, aseguró que tanto él como el principal acusado en este juicio, Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV alavés, acordaron en 2005 pedir una comisión de 161.000 euros para cada uno a un grupo constructor catalán, que les abonó esa cantidad.
También reconoció que una vez pagadas las cantidades pactadas no cumplió con sus obligaciones tributarias con la Hacienda vizcaína.
Tras el informe de la Diputación de Bizkaia han comenzado a presentar sus escritos definitivos las defensas en una vista que hoy se ha visto interrumpida durante un tiempo por la avería de una subestación de Iberdrola que ha dejado sin suministro eléctrico a gran parte de Vitoria.
Antes del abogado de la entidad foral vizcaína, la Sala ha escuchado el informe final del letrado del Gobierno Vasco, actor civil en el proceso, y está previsto que el próximo lunes 3 de diciembre sea el turno del abogado de De Miguel.
La Fiscalía ha rebajado en sus conclusiones definitivas las penas de cárcel que pide para todos los acusados, incluso ha reclamado la absolución para seis de ellos. Así para De Miguel ha reducido de 54 años y 11 meses de cárcel a 29 años y 9 meses. La defensa del que fuera diputado foral mantiene por su parte la solicitud de absolución
