"Hay personas que abandonan su casa por no poder acceder a ella"

Pamplona

“Mi casa no es mi cárcel” es el lema con el que COCEMFE Navarra ha dado a conocer la campaña “#Arrestópolis”, en referencia a aquellos edificios donde la falta de accesibilidad obliga a las personas con discapacidad a permanecer encerradas en sus propias casas en contra de su voluntad y sin haber cometido “delito alguno”.

Achacan su situación a la Ley de Propiedad Horizontal. “Esta ley guarda un 'as' bajo la manga que permite que las personas con discapacidad sigan sin tener garantizada la accesibilidad que les corresponde por ley”, asegura Manuel Arellano, portavoz de COCEMFE en Navarra. Además, Arellano añade que: “teniendo en cuenta que el pasado 4 de diciembre finalizó el plazo para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran plenamente accesibles”.

Aclara, que ese “as” consiste en que si el coste de la derrama por propietario supera las 12 cuotas, esta reforma ya no tendría carácter obligatorio y serían los vecinos y vecinas quienes decidiesen en Junta si se lleva a cabo o no”.

Por su parte, Erkuden Chocarro, una de las personas que tuvo que abandonar su vivienda por no poder acceder a ella, asegura que: “gracias a mis vecinos, no sé cuándo, pero podremos tener ascensor. Pero lo que es totalmente ilógico es depender de la voluntad de mis vecinos para poder acceder a mi casa”.

Asimismo, desde la federación, explican que no pueden hacer depender la accesibilidad universal de los recursos económicos de la ciudadanía y más cuando a muchas familias les sigue costando llegar a fin de mes. “No podemos decirle a una parte de la sociedad que aparte sus necesidades básicas para solucionar una situación que no han provocado, y que se debe a que, en el momento en el que se diseñó el edificio, no se tuvo en cuenta a una parte de la sociedad”, ha leído Arellano en el manifiesto.

Piden a las instituciones que garanticen la accesibilidad universal en todos los edificios de viviendas, haciendo hincapié en que se lleven a cabo reformas integrales como ascensores o rampas, en vez de optar por “parches”. Además, piden la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar la actual limitación económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad.

Aseguran que estas medidas son fundamentales para conseguir edificios para todas las personas, garantizar los derechos de las personas con discapacidad y que puedan avanzar en su autonomía y conseguir una vida independiente.