Caso archivado
Según relata El Mundo de Valladolid la menor de Peñafiel, que estaba protegida por la Junta, ha vuelto con su familia
Cuartel de la Guardia Civil de Peñafiel / Google Maps
Peñafiel
La Guardia Civil de Valladolid ya advirtió desde el primer momento que el asunto de la niña de 10 años de Peñafiel sometida supuestamente a prostitución «no estaba nada claro» y el final del caso ha sido, efectivamente, el carpetazo a las investigaciones por parte del Juzgado «al no haber quedado acreditado los hechos», según publica, en este miércoles, El Mundo de Valladolid.
Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informaron ayer que la menor ya no está bajo protección de la Junta y que ha regresado con su familia, del mismo modo que el Instituto Armado comunicó que sus investigaciones –todas con resultado negativo– ya concluyeron y se enviaron a la magistrada instructora.
La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha archivado el caso de la menor que fue puesta bajo protección de la Consejería de Familia el pasado 1 de noviembre –y alojada en un centro de protección de la provincia–, después de que una trabajadora social trasladase a la Guardia Civil los comentarios que circulaban, según esta mujer, en el colegio de la niña y en determinados círculos de Peñafiel, acerca de que había sido presuntamente obligada a prostituirse.
Nada de esas graves sospechas se ha podido probar en este mes de investigaciones, a pesar de que el caso se investigó con lupa. De una parte, la juez encargó una exploración física de la menor y un reconocimiento psicológico de la escolar. Además el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Benemérita interrogó a familiares, allegados, amigos y vecinos. Más aún, la juez antes del sobreseimiento, encargó a los Servicios Sociales de la Junta un informe sobre la situación familiar de la menor.
La conclusión: todo en orden. O dicho de otra forma, la alerta lanzada a la Guardia Civil carecía de todo fundamento, algo que fuentes del caso achacan a un «exceso de celo» en profesionales los servicios sociales, en este caso de la Diputación, tras el suceso dramático de la niña Sara, de 4 años, asesinada y violada en su domicilio de la Rondilla el 3 de agosto de 2017..
