La Fiscalía General apoya la decisión de trasladar el "Caso Grúas" a los juzgados de La Laguna

Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía General del Estado (FGE) defiende que el procedimiento llevado a cabo por su delegación en Canarias en cuanto al caso Grúas, en el que se implica al presidente Fernando Clavijo, se ajusta al principio legal de la "unidad de actuación", por lo que apoyan la decisión de devolver el proceso a los juzgados de La Laguna después de que el líder del Ejecutivo canario perdiera el aforamiento tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía el pasado 6 de noviembre. La FGE se remite a las explicaciones que en su día ofreció el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, y responde así a la Asociación Independiente de Fiscales (APIF) que solicitó, a través de un escrito, que se le aportaran explicaciones sobre lo ocurrido entorno a la instrucción de este caso.

APIF entendía que había habido opacidad y poca transparencia en todo el proceso y por ello solicitaba a la FGE que contestara "qué Fiscal concreto de la Fiscalía General trasladó la conveniencia de suspender la presentación del informe; a qué Fiscal concreto de la Fiscalía Superior se trasladó tal conveniencia; conforme a qué fundamento jurídico concreto o motivo específico se apreció dicha conveniencia; si tal traslado o comunicación constituyó una orden o instrucción, o por el contrario fue una mera sugerencia o recomendación no vinculante; y cuál hubiese sido el inconveniente de no suspender la presentación del informe antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía".

Ahora, la FGE ha optado por no responder directamente a ninguna de esas preguntas formuladas por la Asociación, sin admitir ningún error en dicho procedimiento y señalan en una respuesta oficial que "la postura mantenida en esta ocasión por el Ministerio Fiscal ha pretendido ser coherente con la función que el art. 3.8 del EMOF atribuye a nuestra institución de velar por la competencia de los jueces y tribunales garantizando el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley".

Una contestación que, según han confirmado desde APIF a la Cadena SER, carece de contenido para un organismo como la Jefatura superior del Ministerio Fiscal.