Adelante con los 35,5 millones de euros pero con críticas

Pamplona

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves el proyecto de ley del Gobierno foral por el que se destinan 35,5 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles, con cargo al superávit del año 2017.

Este proyecto de ley rebaja así la previsión inicial de otra ley aprobada en octubre y que recogía 113 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles. Aunque ambas leyes están formalmente en vigor, el Ministerio solo ha dado autorización para el gasto de 35,5 millones de euros, tal y como ha explicado ante el pleno del Parlamento de Navarra el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu.

La ley ha salido adelante con el apoyo de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, los tres parlamentarios de Podemos-Orain Bai afines a la dirección, PSN, PPN e Izquierda-Ezkerra, mientras que los cuatro parlamentarios críticos de Podemos-Orain Bai han votado en contra.

Pese a que la ley ha sido aprobada por amplia mayoría, la oposición ha sido muy crítica con la gestión del Gobierno de Navarra en esta materia, mientras que el cuatripartito ha censurado que el Ministerio no autorice el gasto de 113 millones de euros.

El consejero Mikel Aranburu ha afirmado que "en ningún caso" ha habido un acuerdo bilateral entre el Ministerio y el Gobierno de Navarra, "sino una autorización unilateral" del Ministerio. "Esto ha hecho que el Gobierno de Navarra tuviera que priorizar en el listado de las inversiones entre las que se han considerado más necesarias", ha explicado.

Así, los 35,5 millones de euros se destinarán a las inversiones relativas al Plan de Infraestructuras Locales (25,7 millones) y al Plan Director de Banda Ancha (9,8 millones).

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "la nefasta gestión hace que Navarra pierda 78 millones de euros de inversión, es el resumen de lo que ha dicho hoy aquí el consejero".

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha afirmado que UPN "parece que ha entendido la responsabilidad que tiene con Navarra", aunque ha rechazado sus críticas a la gestión del Gobierno de Navarra. La culpa en gran medida está en UPN. Su nefasta gestión a la hora negociar el Convenio puso en riesgo la estabilidad presupuestaria de la Comunidad foral", ha asegurado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "da pena que UPN pueda estar contento de que sean 35 millones de euros" los que se van a gastar, en lugar de una cuantía mayor. Además, Araiz ha ofrecido presentar una enmienda para que la ley incluyera los 113 millones de euros si conseguía consenso suficiente, pero finalmente no se ha materializado.

En contra de la ley, la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que "no es fácil quedarse solos en la defensa de una postura". "Algunos justifican el apoyo a la ley en que más vale esto que nada, otros en que hay que cumplir la ley. ¿Por qué claudicar ahora? ¿Por qué conformarnos con 35 millones?", ha indicado, para dar su respaldo a la propuesta de EH Bildu de reivindicar los 113 millones de euros.

Por parte del PSN, María Chivite ha explicado que su grupo era partidario ya desde inicio de año de destinar 215 millones a inversiones sostenibles, pero ha dicho que "lo que no sabíamos es que el Gobierno de Navarra no cumplía la regla de gasto".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que su grupo apoya este proyecto por "responsabilidad", dado que la ley va a permitir inversiones en diferentes ayuntamientos, aunque ha dicho que le parece perfecto que el Gobierno de España se haya atrevido a poner el cascabel al gato con el Gobierno de Navarra, que ha vuelto a quedar en ridículo". Ha criticado que inicialmente se aprobara la ley de 113 millones y ha señalado que "está claro que lo que nunca comparte el Gobierno de Navarra es el cumplimiento de la legalidad".

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha considerado que el Ministerio podía haber hecho "otra interpretación" para que el superávit proveniente de la regularización del Convenio Económico hubiera quedado fuera de la ley de estabilidad presupuestaria.