Anticorrupción acusa a la Patrulla Verde de hostigar a empresarios de Palma para favorecer a Cursach

Palma

La Fiscalía Anticorrucpión acusa a la cúpula de Patrulla Verde de la Policía Local de Palma de hostigar a una veintena de locales de Palma y Playa de Palma para favorecer al grupo Cursach. En su escrito de acusación, Anticorrupción detalla diferentes episodios en los que se actuaba contra la competencia con el beneplácito, según algunos miembros del grupo, de altos cargos de la policía y autoridades políticas.

Los fiscales explican en su escrito que la connivencia entre el Grupo Cursach y la Policía Local era tal que generó en los responsables del grupo la seguridad de que tenían total impunidad en lo que hicieran llegando incluso a alardear de ello ante otros empresarios del sector. Concretamente, en verano de 2012, el número 2 de Cursach, Bartolomé Sbert, dijo al entorno de un empresario de la competencia que había celebrado un evento con gran afluencia de gente, restando así clientes al grupo Cursach, que conoce "gente que controlará esas fiestas". "Lo tengo bien incluso con el alcalde para que no se te conceda ni una licencia más para los eventos que organizas" le dice Sbert en una conversación intervenida por la Policía. Los fiscales añaden que, efectivamente, este empresario pidió licencias para ese mismo evento al Ayuntamiento de Llucmajor en otras ocasiones y le fueron denegadas. En ese momento, el alcalde era Joan Jaume, del PP.

En el escrito de acusación, relatan también como Antonio Bergas, directivo del grupo Cusach junto con tres agentes de la policía local seleccionaron a otros compañeros y a agentes también de la Policía Nacional y Guardia Civil para que prestaran servicios de seguridad en los accesos a algunos de sus locales. Incluso, según Anticorrupción, obligaban a otros establecimientos a contratar sus servicios.

Explican los fiscales que eso les permitía solucionar al margen de la ley cualquier conflicto que pudiera surgir, se garantizaban la ausencia de inspecciones o, si las había, que pudieran recibir preavisos. Además se garantizaban que si había sanciones, éstas fueran retiradas o que se hicieran desaparecer.

De hecho, en el Ayuntamiento de Palma, de todos los expedientes abiertos al Grupo Cursach, no llega al 8% los que acaban en sanción. Para el resto de empresas, ese porcentaje se eleva al 78%.

Como ejemplo citan que al grupo Cursach se le imponen 13.200 euros de sanción con 88 actas de infracción levantadas. A un negocio de la competencia, con sólo 6 actas, se le imponen sanciones de más de 6.300.000 euros.

Otro ejemplo que relatan los fiscales es que mientras las discotecas Tito's y Pacha, del grupo Cursach, recibieron 3 expedientes sancionadores entre 2007 y 2010, la discoteca Level, justo delante de Tito's recibió 33.

Los fiscales hablan de inspecciones innecesarias, rutinarias en las que siempre se solicitaba la documentación ya pedida en días anteriores, siempre en horario de máxima afluencia causando un gran perjuicio, dicen, porque paralizaban la actividad encendiendo luces, quitando la música, identificando a los clientes que tras la actuación policial abandonaban el local. Relatan desde Anticorrupción que incluso pedían refuerzos de agentes fuertemente armados en lo que califican de una actuación desproporcionada.