La saturación de los centros del Samur Social llega al Defensor del Pueblo

Madrid

Los centros del Samur Social, que atienden emergencias sociales y a personas sin hogar, llevan meses saturados, pero sus trabajadores estallaron hace poco, cuando vieron que no les quedaba otra que dejar a familias con niños pequeños durmiendo en la calle. El mes pasado hicieron llegar su situación al Defensor del Pueblo. "Estamos siendo testigos de vulneraciones de derechos básicos", escribieron. "Estamos sufriendo con impotencia la incapacidad para atender a familias con menores o mujeres embarazadas, no facilitando ni la más mínima cobertura de sus necesidades".

El Defensor, a raíz de la denuncia del Samur Social, ha iniciado una serie de actuaciones. Ya hace casi un año recibió denuncias similares y pidió información al Ayuntamiento de Madrid, al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y al de Interior, y ahora vuelve a hacerlo. Quiere saber cuál es la situación actual y si el Ayuntamiento ha puesto en marcha alguna solución para las familias y personas que no están recibiendo atención por no haber plazas en la red de recursos municipal. También pide información "sobre las gestiones realizadas con el resto de administraciones para articular un plan de actuaciones que permita dar una respuesta adecuada a la situación planteada".

Para Azucena Pérez, trabajadora del Samur Social y portavoz de la sección sindical de COBAS, las soluciones que está poniendo en marcha el Ayuntamiento son "solo parches". "El Ayuntamiento hace lo que está en su mano, pero son soluciones temporales. Necesitamos, y las personas necesitan, que se estructure algo fijo, porque esto no es algo que vaya a desaparecer en dos días".

La competencia de atender a los solicitantes de asilo no es del Ayuntamiento de Madrid, es del Gobierno nacional. De hecho, el Defensor del Pueblo se dirige principalmente a la Secretaría de Estado. Le sugiere que se dé acceso al sistema de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional, "asignándoles un recurso adecuado, así como las ayudas a las que tienen derecho". También le pide información sobre el dinero que ha destinado, en 2018, para plazas de acogida de personas solicitantes de asilo o el "estado de ejecución y justificación de la subvención directa concedida a Cruz Roja Española, CEAR y ACCEM".

Es el Gobierno nacional el que tiene que proporcionar una serie de recuros básicos a las personas que solicitan asilo en nuestro país, pero ante la falta de respuesta por su parte, cientos de personas están acudiendo al Samur Social en busca de un alojamiento. "El Samur Social es la última red", dice Azucena, "siempre hemos tenido tendencia a asumir el trabajo con colectivos que no nos corresponden porque nadie más lo hace, pero en este caso nos ha desbordado". En los centros no hay plazas libres, así que están acomodando espacios que no son, en origen, de alojamiento. Durante semanas ha habido una decena de mujeres durmiendo en una sala de butacas, en la sede central del Samur Social. En el CEMUS (Centro de Apoyo a las Emergencias Colectivas) están viviendo hacinadas desde hace meses varias familias, aunque no es un centro preparado para estancias largas. 

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Muchas de esas personas son retornados de otros países por el Convenio de Dublín. Pasaron primero por España, solicitaron asilo aquí, pero se fueron a otro país y en base a ese convenio, los vuelven a llevar a España, pero ya sin derecho a ayudas. Quedan en un limbo, fuera del sistema de acogida.

"¿Dónde está el límite?"

"Sabemos que no es responsabilidad del Ayuntamiento ni el alojamiento, ni la intervención que necesitan estas personas, pero mientras nosotros seguimos asumiendo. Tienen derecho a tener cobertura, a que ningún niño se quede en la calle, pero nosotros, de tanto asumir y asumir, no somos capaces de darles una intervención digna. Dormir en una manta en el suelo o una butaca no son condiciones adecuadas". "¿Dónde está el límite?", se pregunta Azucena, "¿hasta qué punto tiene que seguir asumiendo el Ayuntamiento, dando cobertura a estas personas? Al final es un maltrato".

A la falta de respuesta del Estado, se suma, también, lo poco adaptado a la realidad que está el sistema de asilo en España. El Defensor del Pueblo también ha denunciado en varias ocasiones el colapso que sufre el sistema de solicitudes de protección internacional. Ofrecen menos de 100 citas diarias y solo en una comisaría de la Policía Nacional. Eso ha obligado que durante meses cientos de personas pasaran días enteros haciendo cola solo para pedir cita para solicitar asilo. Mujeres embarazadas, madres con niños, familias enteras han pasado la noche en la puerta de esa comisaría. El Defensor asegura que esto supone un grave perjuicio para estas personas porque hasta que no solicitan el asilo, no pueden acceder a los dispositivos de acogida. La mayoría carecen de recursos, así que se quedan en situación de calle durante meses y acuden buscando ayuda al Samur Social.

El gobierno municipal está destinando recursos a acoger a solicitantes de asilo, está acomodando espacios y buscando más plazas. De hecho, según fuentes del Samur Social, uno de los albergues que se abren cada año para la Campaña de Frío está siendo ocupado por solicitantes de asilo. Ahora van a ampliarlo para aumentar las plazas. Pero no es un centro en condiciones. Varios trabajadores aseguran que nadie quiere dormir allí, que prefieren dormir en la calle. Ahora, con la Campaña de Frío, van en autobús, pero durante meses han estado yendo andando, sin conocer la ciudad y sin hablar, en muchas ocasiones, el idioma. "Es un parche para calmar los ánimos, para dar una cobertura temporal, pero no es una solución real. ¿El Ministerio se va a implicar y va a dar una alternativa?, ¿el Ayuntamiento lo va a asumir y va a crear una red para estas personas? La Comunidad de Madrid también tiene algo que decir, pero aquí nadie dice nada. Todo el mundo se calla y esas competencias hay que empezar a asumirlas".