Los afectados por los terremotos de 2011 denuncian que siguen recibiendo apremios de embargo

Lorca

Dolores tiene ochenta años, no sabe leer ni escribir, y por eso su pensión no la cuenta sumando los euros, sino el número de billetes que guarda: "12 billetes de 50 y una miajica más", cuenta Gloria Martín, concejala de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas de los terremotos de 2011.

Esta plataforma denuncia que el de Dolores es uno de los casos que se siguen produciendo de vecinos de la ciudad a los que aún llegan providencias de apremio por las ayudas públicas que recibieron para reparar sus viviendas.

La situación de esta anciana lorquina es aún más sorprendente, dice la concejala: pidió la ayuda que concedía el Gobierno central y la Comunidad Autónoma, pero renunció a ella cuando vio que podría afrontar la reparación con la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros. Aún así, se le ingresó el dinero y pasó un año "peregrinando por oficinas", dice Martín, "para ver de qué forma podía devolver ese dinero que ella entendía que no le correspondía".

Para evitar el embargo, Dolores ha tenido que pagar los 400 euros que le reclamaban por los intereses de demora correspondiente a la parte estatal de estas ayudas, aunque su pensión de 670 euros es "inembargable", al no llegar al salario mínimo, según ha explicado Gloria Martín. "Para otras personas, esa cantidad es nimia, pero para una persona de esa edad y con esa pensión, es una cantidad importante, y ha tenido que pedir ayuda para pagarla", según la concejala.

"Esto no es lo que hablamos", resume Martín la situación en la que a día de hoy la tramitación de esta justificación de las ayudas recibidas por los afectados, un mes y medio después de que, tras el acuerdo alcanzado con la Comunidad Autónoma, pusieran fin al encierro que mantenían como protesta en el Ayuntamiento de Lorca.

Cinco meses después de la entrada en vigor de la Ley 8/2018 que pretendía agilizar este trámite de justificación, denuncia Martín que esta norma "lleva cinco meses vigente y todavía nadie se ha podido acoger a ella para solucionar su problemática". Tampoco se ha paralizado la tramitación de los apremios de embargo, explica, uno de los puntos acordados con Fomento para poner fin a su protesta.

"Bien por evitar el embargo o porque se están pagando en periodo voluntario las providencias de apremio, la gente está devolviendo las ayudas sin poder acogerse a los mecanismos de justificación simplicados que se establecía en la Ley que aprobó en la Asamblea Regional", dice Martín.

Según Martín, se encuentra a la espera de mantener una reunión tanto con el director general de Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, para abordar esta situación.

Por su parte, desde la Consejería de Fomento han explicado que Dolores "devolvió el importe global de la Ayuda de la Comisión Mixta y ahora es el Estado quien le reclama la parte de sus intereses de esas ayudas (241 euros)". Aclaran que la parte correspondiente al gobierno regional ya se condonó y no se le ha reclamado.