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Lunes, 21 de Octubre de 2019

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El Ayuntamiento volverá a pedir la nulidad de la venta de vivienda social

  • El Ayuntamiento de Madrid estudia volver a iniciar un procedimiento para revertir la compra de las 1.800 viviendas y que vuelvan a ser propiedad de la EMVS
  • Celebran la sentencia del Tribunal de Cuentas, pero la van a recurrir. En su demanda, el Ayuntamiento reclamaba 127 millones de euros por los daños económicos y el Tribunal reconoce solo 25 millones
  • Está, además, abierta aún la vía penal por la denuncia que presentó el PSOE en 2014. Ahora el Ayuntamiento, personado en la causa, va a aportar la sentencia del Tribunal

La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, durante su comparecencia ante los medios / ()

El Ayuntamiento de Madrid estudia volver a abrir un procedimiento de nulidad para revertir la compra de esas más de 1.800 viviendas. Ya lo habían intentado antes, pero el informe preceptivo y vinculante de la Comunidad de Madrid fue negativo y eso llevó al archivo del caso. Ahora, después de la sentencia del Tribunal de Cuentas y la condena a Ana Botella y el resto de concejales, quieren volver a intentarlo. El objetivo es que la compra se declare nula, que esas viviendas vuelvan a ser propiedad de la EMVS y mejorar, así, la situación que siguen sufriendo las familias.

"El problema de esas 1.800 familias que disfrutaban de un alquiler social y que, según Botella, solo iban a cambiar de casero, sigue sin resolverse", ha dicho la alcaldesa en funciones, Marta Higueras, "hay familias que siguen sin poder pagar el alquiler y siguen siendo desahuciadas". Higueras ha asegurado que el Ayuntamiento va a seguir trabajando por una vivienda digna en Madrid.

Higueras ha hablado ante los medios en una sala de prensa abarrotada y con la presencia de casi todos los concejales del equipo de Gobierno. Ha comenzado, de hecho, dando las gracias a todos los que se habían acercado: "Que estén aquí mis compañeros es una muestra de que este es uno de los temas prioritarios de este equipo de Gobierno en su conjunto".

José Manuel Calvo, delegado de desarrollo urbano sostenible y Francisco López, consejero delegado de la EMVS, presentando la demanda contra la venta de vivienda pública / Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento celebra la decisión del Tribunal de Cuentas, que condena a la exalcaldesa Botella y a seis de sus concejales a pagar 25 millones de euros por el daño patrimonial causado, pero no están del todo conformes. En su demanda, el actual equipo de Gobierno reclamaba una restitución del daño económico de 127 millones de euros o como mínimo 57 millones, así que los 25 que falla el Tribunal no les parecen suficientes. "Estamos conformes con que esa sentencia diga que se ha producido esa venta ilegal, pero no estamos conformes con la cuantía que se establece en la misma". El Ayuntamiento, por tanto, va a recurrir el fallo para seguir exigiendo esa cantidad.

La sentencia del Tribunal de Cuentas, en cualquier caso, aún no es firme y los condenados han anunciado un recurso. "Quiero ser muy prudente porque todavía no hemos tenido el tiempo de estudiar la sentencia a fondo y también porque ya se ha anunciado el recurso que van a presentar, así que tenemos que esperar a que sea firme".

La vía penal

Está también abierto en los Juzgados el procedimiento penal que inició el PSOE en su día. Se archivó, en 2015, pero después del informe de la Cámara de Cuentas que hacía referencia a las irregularidades de esa venta de vivienda pública, la Audiencia Provincial volvió a abrir el caso. El Ayuntamiento de Madrid está personado en esa causa y ahora van a aportar la sentencia. La condena de ahora, por lo tanto, es exclusivamente contable, solo entra en el dinero que el Ayuntamiento dejó de ingresar por malvender esos pisos a un fondo buitre.

Los portavoces municipales se han referido también a la sentencia del Tribunal de Cuentas. Desde el PSOE, la portavoz, Purificación Causapié, insiste en la vía penal que es lo que podría resarcir a las familias: "Es necesario para que sea posible apoyar a esas familias y un camino que nos lleve a hacer nulo un procedimiento que fue muy dañino para la ciudad y para esas familias. Es una vía que está abierta y caben muchas posibilidades de cara al futuro".

En Ciudadanos, Begoña Villacís, también celebra la decisión del Tribunal: "La sentencia deja claro lo que veníamos denunciando desde el primer momento. Lo bueno es que ha demostrado que la administración tiene controles, que nadie está por encima de la ley y que quien malvende viviendas como si no fuesen de todos los madrileños, lo acaba pagando.

Ciudadanos, en cambio, se abstuvo en la votación del dictamen de la Comisión del consistorio que investigaba esta venda de viviendas a un fondo buitre. Cambiaron de postura y decidieron no apoyar el dictamen, ahora Higueras le pide que reconsideren su postura. "En la Comisión de Investigación que se abrió el partido de la señora Villacis cambió sorprendentemente el sentido de su voto. Espero que reconsideren esta postura, a la vista de las conclusiones de la sentencia, y apoyen la denuncia que el PSOE promovió en el procedimiento penal el curso".

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