La Asociación de Medios se persona como acusación por la incautación de teléfonos a dos periodistas

PALMA

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha solicitado personarse como acusación popular en el proceso abierto contra el juez del caso Cursach, Miguel Florit, por ordenar la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press.

La agrupación empresarial ha planteado su petición ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que el 18 de diciembre admitió a trámite la querella que los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre y sus empresas presentaron contra el juez de instrucción.

La querella alude a los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

"La Asociación de Medios de Información, de la que forman parte tanto Europa Press como Diario de Mallorca, considera que los registros y la incautación de material han supuesto un ataque contra el derecho a la información, un derecho fundamental recogido en la Constitución española", indica la entidad en el comunicado difundido en su web.

AMI señala que autoridades judiciales y policiales no pueden "coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones", ya que "les ampara el derecho de protección de sus fuentes".

"También se hace necesario recordárselo a la fiscal general del Estado (María José Segarra) ante la insólita e incomprensible nota de prensa hecha pública por la Fiscalía Anticorrupción sobre las medidas acordadas, que ahora tratan de presentarse como recogida de efectos del delito, excusa que supone un claro insulto a toda la profesión periodística", añade la asociación.

Este jueves se hizo público que el juez Florit ha ordenado la devolución de los teléfonos móviles y del material informático requisado a los dos periodistas mallorquines el pasado 11 de diciembre.

En el caso Cursach se investiga, entre otras muchas cosas, una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach, dominador durante décadas de la noche mallorquina.

La Policía Nacional detuvo el pasado día 18 por revelación continuada de secretos en el caso Cursach a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso.