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Afectados por la venta de viviendas del IVIMA exigen que siga la investigación

La Fiscalía pide el archivo de la causa penal contra Ana Gomendio y Juan Van-Hallen, al frente del IVIMA durante el proceso de venta de 3.000 viviendas públicas en 2013

Afectados por la venta de viviendas del IVIMA a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. /

Decenas de afectados por la venta de 3.000 viviendas públicas del IVIMA a un fondo de inversión en 2013 se han concentrado este martes para protestar contra la petición de la Fiscalía para que ahora se archive la causa penal del caso. El ministerio público cambia de criterio al cambiar de fiscal, ya que el anterior consideraba que el proceso de venta estuvo plagado de irregularidades.

Los vecinos han lanzado decenas de globos negros reclamando justicia: "Una justicia lenta no es una justicia de calidad, y llevamos cinco años esperando", señalaba Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Desde entonces, las familias que vivían en esos pisos han estado sufriendo lo que definen como un "acoso inmobiliario brutal", con llamadas, correos y subidas desmesuradas del alquiler.

Muchos no han soportado la presión y se han marchado. Es el caso de José Luis: "Tuve que marcharme a casa de un familiar porque sufrí una enfermedad grave y esas presiones no me iban bien", cuenta. "En el PP han jugado con la vida de muchas personas, han jodido a más de 5.000 familias, entre las viviendas que vendieron del IVIMA y las de la EMVS", explica indignado. "Luego cambian de fiscales para que les favorezca y eso no se puede permitir en una sociedad democrática", añade. 

Gomendio y Van Hallen investigados

De momento, la causa penal sigue adelante con dos imputados: Ana Gomendio, directora del IVIMA en el momento de la venta, y Juan Van-Hallen, ex director general de vivienda que dimitió de su cargo en el Ministerio de Fomento cuando comenzó a ser investigado, ya en 2016, cuando era director de Arquitectura y vivienda. La venta se produjo en 2013, durante el gobierno de Ignacio González. La causa penal la abrió el PSOE un año después y los vecinos afectados se adhirieron a la querella.

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