Las AMPAS creen que Educación pretende criminalizar a los alumnos que no denuncien acoso escolar

Ni pedagógica ni práctica. Asociaciones de padres y madres, sindicatos y asociaciones critican el fondo y la forma del borrador del decreto para regular la convivencia en los centros educativos públicos y concertados que la Consejería de Educación prepara para su aprobación en el Consejo de Gobierno durante el primer trimestre de este año.

Este texto, como ha adelantado el diario El Mundo, plantea la posibilidad de sancionar a los alumnos; profesores y otros trabajadores de los centros que, aún sabiéndolo, no denuncien a la dirección un caso de acoso escolar. El borrador de este nuevo decreto incluye también que los responsables de los centros puedan requisar cualquier dispostivo de grabación, como los teléfonos móviles, para trasladarlo a la Policía. La dirección de los centros tendrá la obligación de informar a la Fiscalía de qué profesor sabía lo que pasaba pero no dijo nada y podrá expulsar un máximo de cinco días a los chavales que guarden silencio.

Educación quiere castigar a los alumnos que no denuncien acoso

En el caso de los menores, aunque la consejería de educación es consciente de que muchas veces no lo cuentan por miedo, se les va a obligar a denunciar los casos de violencia. Los alumnos que se callen por el motivo que sea podrán ser sancionados con una falta grave lo que implica castigos, como la expulsión del centro durante un máximo de cinco días... En el caso de los trabajadores del centro, los docentes y también el personal de comedor y limpieza, que no comuniquen posibles casos de acoso a la direccion no habrá una sanción directa sino que su actuación se pondrá en conocimiento de la Fiscalía o la Consejeria (información de Laura Gutiérrez)

"Delega la responsabilidad a profesores y trabajadores"

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Antes de su aprobación en Consejo de Gobierno, el borrador pasará por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid,  un órgano consultivo y no vinculante en el que se integran los principales actores de la educación madrileña. Allí se ha tratado parte de este texto, pero no el ahora polémico punto. La Federación de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos, representante de las AMPAS de los centros públicos de la Comunidad de Madrid, asegura que Educación no les había informado de estas medidas. Tampocó informó a Comisiones Obreras, sindicato con mayor representación en este órgano.

El presidente de la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Jené, opina que "se trata de un texto no meditado y en un verdadero disparate. Tenemos que formar al alumnado de una forma positiva en sus emociones y sin embargo volvemos a una postura en la que se considera al alumno como chivato. Tenemos que trabajar la convivencia en los centros y lo que están haciendo con estas medidas es trabajar la denuncia y la sanción". Jené ha dicho que votará en contra del texto en el Consejo Escolar y que emitirá un voto particular para dejar clara su discrepancia. Por otra parte Comisiones Obreras considera que con estas medidas "La Consejería delega responsabilidades y criminaliza al alumnado que no denuncie".

Desde la Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar consideran que el texto es incongruente, porque cualquier ciudadano tiene la obligación de denunciar ante cualquier delito. E incluso en el actual Protocolo de Acoso Escolar ya se explica que el centro tiene la obligación de llevar a la Fiscalía los casos de acoso detectados. Su presidenta, María José Fernández, explica que "no tiene sentido que ahora la Comunidad sea la que obligue a que se denuncie. Es cierto que hay centros donde se hace oídos sordos y hasta que no ocurre algo grave, no se denuncia. Pero esto se resuelve con mayor formación y educación de todo el personal de los centros".