Concluye el juicio por operaciones inmobiliarias de Banco de Valencia
La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio contra la excúpula de Banco de Valencia, entre ellos el ex consejero delegado Domingo Parra, por tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad, que habrían causado un perjuicio de 160,5 millones de euros
Banco de Valencia / Banco de Valencia
Valencia
La Audiencia Nacional ha dejado este 10 de enero visto para sentencia el juicio contra la excúpula de Banco de Valencia, entre ellos el ex consejero delegado Domingo Parra, por tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad, que habrían causado un perjuicio de 160,5 millones de euros.
En esta última sesión, las defensas han solicitado la absolución, pues en cuatro meses de juicio "se ha ido sabiendo y entendiendo la mecánica del banco" sin que haya indicios de la presunta administración desleal por la que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Parra y su director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer.
Monferrer ha insistido que se encuentra en la causa "por el cargo que tenía en la tarjeta", y ha reprochado que les responsabilicen de la caída de la entidad "cuando lo que se había caído era el sistema financiero mundial". Para ambos, el Ministerio Público plantea como alternativa el de apropiación indebida, en cuyo caso aumenta la petición hasta los seis años de cárcel.
También están acusados los empresarios Salvador Vila y Juan Bautista Soler- que se enfrentan a entre tres años y medio y cinco años de cárcel-; Fernando Polanco y el notario Carlos Pascual de Miguel, a los que se atribuye también un posible blanqueo -entre seis años y medio, y ocho años y medio de prisión-, y la mujer de Polanco, Teresa Villalba -entre seis meses y un año como cómplice-.
La Fiscalía señala a Nou Litoral, sociedad de gestión del suelo constituida por el banco en 2003 junto a los promotores Vila y los Soler para la compra de terrenos en Chiva (Valencia), que generó una deuda de 109,6 millones refinanciada "con dinero público" y ocasionó, presuntamente, un perjuicio superior a los 83 millones.
Vinculada a esta se encuentra la compra en 2008 de unos terrenos de Urbanas de Levante en Vergel y Patraix (Valencia) por parte de la sociedad participada Valenciana de Viviendas, que se subrogó la deuda que la vendedora tenía contratada con Banco de Valencia, lo que generó un perjuicio de 47,4 millones de euros. En la que intervinieron Polanco y Pascual, giró en torno a Faverch Desarrollos y creó, según las acusaciones, un agujero de 29,8 millones.
La defensa de Vila ha negado cualquier irregularidad, ya que "todos los comités, los órganos colegiados y órganos de administración daban su conformidad" porque "entendían que no perjudicaban al banco". Ha negado, además, que el empresario escondiera "interés especulativo" alguno, en tanto que su negocio de gestión de suelo "era conocido por el Consejo de Administración" y "no dependía de un golpe de suerte, sino de hacer trabajo y gestiones con previsiones razonables y con experiencia".
El abogado de Polanco ha dicho que "no es un especulador", mientras que el de Pascual ha afeado las acusaciones de blanqueo y ha rechazado que se considere como perjudicado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
"Inyectar dinero público no le legitima para ejercitar acciones civiles en este proceso", señala otra defensa sobre el fondo, que inyectó 4.500 millones de euros en Banco de Valencia -ahora en CaixaBank tras la fusión de 2013- y que acusa a Parra de aprovechar su posición para "obtener un lucro ilícito" a favor de sus socios.
Por su parte, la abogada de Villalba apela a la condición de ama de casa de su representada, que "desconocía cualquier operación que llevara a cabo su marido (Polanco)", en el que siempre confió.
Acto seguido, y después de que los acusados hayan ejercido su última palabra, la sección primera de la sala de lo Penal ha dado por concluido el juicio, que comenzó el pasado septiembre.
Tomarán el testigo las vistas primero por la pieza separada que investiga los negocios del banco con Edioliva Promociones, programada para finales de enero, y después por supuesta administración desleal en operaciones con la empresa Maremar en 2007, en las que Parra también será juzgado.
