La Fiscalía prepara el recurso contra la absolución de Pedro Antonio Sánchez en el caso Pasarelas

La Fiscalía de Murcia está preparando el recurso contra la sentencia del caso Pasarelas, en la que el expresidente Pedro Antonio Sánchez, quedaba absuelto de los delitos de falsedad y prevaricación en la contratación en relación, y también a Martín Lejárraga, arquitecto encargado del proyecto de la construcción de dos pasarelas sobre la rambla de Nogalte.

Así lo ha confirmado el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, que ha puntualizado que el recurso se presentará este lunes o martes, que es el plazo máximo.

En este sentido, el fiscal superior ha insistido en la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; "se ha pedido por parte de todas las asociaciones de profesionales de jueces y fiscales".

Y es que, explica, "la realidad es que si hay plazos tiene que haber plazas y si no hay plazas, los plazos se deben regular de manera distinta para evitar situaciones" como la ocurrida, que "por días se haya llegado a esa conclusión de la Audiencia Provincial", de absolución, "perfectamente respetable".

Por su parte, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, que ha mantenido una reunión con Díaz Manzanera, ha asegurado que "no nos podemos alegrar de sentencias exculpatorias por cuestiones de plazos que socavan la confianza en la Justicia, ni tampoco nos podemos alegrar de las necesidad materiales que pueda haber".

El pasado mes de diciembre se conoció la absolución. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M.L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación al 'caso Pasarela'.

En estas actuaciones se investigaba la contratación de un arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte.

Por estos hechos, la representación procesal pedía para Pedro Antonio Sánchez cuatro años de cárcel y una multa de 20 meses, así como inhabilitación durante diez años para empleo o cargo público por la comisión de un delito de falsedad documental.

Para M.L. solicitaba una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa, y la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial de diez años por un delito de fraude en la contratación, con el pago de las costas procesales en ambos casos.