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Lunes, 21 de Octubre de 2019

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Imputados diez empresarios y un guardia civil por una trama de pago de favores, como anulación de multas

El juez propone la apertura de juicio oral por cohecho, falsedad, revelación de secretos, tráfico de influencias, estafa y prevaricación

Acto institucional ante la Comandancia de la Guardia Civil, donde operaba el agente encausado /

El magistrado encargado de la instrucción considera que existen indicios suficientes para que se sienten en el banquillo de los acusados un guardia civil y otras diez personas que le entregaban dinero y regalos  a cambio de favores que el agente concedía gracias a su puesto privilegiado en la Comandancia de Valladolid. De hecho, el guardia civil, J.C.C., en sus relaciones con los empresarios citaba nombres de mandos relevantes de la Benemérita, a pesar de que "no tuvieran conocimiento de su comportamiento". 

Según la investigación, el agente "alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo". 

El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ha concluido la investigación por la
supuesta trama de pago de favores a un agente de la Guardia Civil de la
capital, investigado por cobrar de distintos empresarios, que también están
investigados en el proceso judicial, a quienes habría facilitado información y
favorecido con gestiones en diferentes organismos, aprovechándose para
ello de su condición de servidor público.

En el auto del Juzgado se refleja la forma de actuar del guardia civil, según las grabaciones autorizadas: 

"La potestad de la que hacía gala J.C.C. frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad” .

Otras ocho personas quedan libres de la acusación tras las diligencias incoadas a raíz de unas intervenciones telefónicas en otra investigación contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se trata de la denominada "operación Rosada" desplegada en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia) el pasado año 2018 con el resultado de casi cincuenta personas detenidas. 

Asimismo, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, "se sospecha que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León."

El juez  instructor mantiene que existen indicios de que el guardia
civil accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a tercerosconsultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba
realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y “vendía”
esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que "había
favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para
eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal".


 

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