Trabajadores y Xunta exigen al Gobierno que regule el mercado energético para atraer inversores

Santiago de Compostela

Los trabajadores de la planta coruñesa de Alcoa y la Xunta han acordado una línea de trabajo conjunta. La última reunión entre ambas partes ha servido para diseñar una estrategia y un mensaje único que pasa, fundamentalmente, por exigirle al gobierno central un nuevo marco eléctrico. El comité de empresa se muestra convencido de que la plantilla respaldará el preacuerdo alcanzado con la empresa. La única forma, dice su presidente, Juan Carlos Corbacho, de ganar tiempo.

Si se aprueba la propuesta en la asamblea del próximo lunes, el Ministerio de Transición Ecológica dispondrá de seis meses para encontrar un inversor y, además, ofrecerle una planta competitiva. El conselleiro de Industria traslada al Ministerio esa responsabilidad. Francisco Conde exige al Gobierno central que aplique de forma inmediata las medidas para desarrollar el estatuto de las empresas electrointensivas.

Los trabajadores, por su parte, le piden a la Xunta algo más que apoyo. Le recuerdan que en materia de empleo y medioambiente sí tiene competencias. Por lo tanto, debe asegurarse de que si Alcoa cierra, habrá alternativas. Esperan que elabore un plan B para garantizar una salida laboral a los trabajadores en caso de no encontrar una solución a tiempo y asegurarse de que la empresa regenera la parte de la electrolisis.