Piden la disolución del consorcio público del proyecto turístico de Marina de Cope

Lorca

La concejala de IU en Lorca, Gloria Martín, ha pedido explicaciones sobre la situación en la que se encuentra actualmente el Consorcio de Marina de Cope, cuya disolución fue anunciada en marzo de 2011 por el equipo de Gobierno municipal del PP.

Sin embargo, asegura la concejala que "durante todo este tiempo el consorcio no sólo se ha mantenido en el Inventario del sector público de la Comunidad Autónoma, sino que esta semana el Boletín Oficial de la Región de Murcia ha publicado sus nuevos estatutos que el Gobierno regional aprobó el pasado 6 de julio".

El Consorcio de Marina de Cope tiene entre sus objetivos el “impulso, desarrollo, gestión y ejecución de la Actuación de Interés Regional (AIR) Marina de Cope”, a pesar de que ésta está anulada “por sentencia judicial firme”, ha recordado Martín.

En 2013, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia confirmó la protección ambiental de Calnegre-Cope, y anuló los trámites de urbanización impulsados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos de Águilas y Lorca. Del mismo modo, otra sentencia del TSJ de 2016 anuló la modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de ambos municipios para adaptarse a una AIR “que ya no existe”.

Lamenta que, a pesar de eso "ni estos ayuntamientos han anulado la adaptación de sus planes generales de ordenación urbana para dar cabida a un proyecto tumbado por la Justicia, ni el Gobierno regional ha disuelto el consorcio, sobre el que pesan muchas sombras".

"Sombras" que dice Martín que están en cuestiones como la transparencia de sus cuentas: ha explicado que este ente no está sometido a auditorías desde 2016, año en que la empresa encargada de su fiscalización puso de manifiesto limitaciones al alcance de su trabajo, así como numerosos incumplimientos contables y normativos, incluido que las cuentas anuales correspondientes a ese ejercicio "ni siquiera fueron aprobadas por el Consejo de Administración del Consorcio", algo que también sucedió en 2015.

En 2014, la empresa auditora manifestaba que no se pusieron a su disposición las Cuentas Anuales correspondientes a dicho ejercicio, por lo que no pudo realizarse la auditoria. Tampoco existen inspecciones entre los años 2005 y 2009. Además, en 2010 y 2011 los equipos auditores tampoco pudieron expresar opinión sobre la Cuenta General porque desde el consorcio no se les proporcionó la información contable necesaria, incumpliendo lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se regula la rendición de cuentas de las entidades, empresas, fundaciones y consorcios del Sector Público Regional.