El letrado mayor ve un vacío reglamentario en la expulsión de Aznárez, Buil y Sáez
El informe, al que ha tenido acceso la SER, se debatirá en la Mesa y Junta de Portavoces del lunes
Cadena SER
Pamplona
El letrado mayor del Parlamento, Manuel Pulido, ha enviado a la Mesa y Junta de portavoces el informe encargado por este órgano para dilucidar si la expulsión de Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez del grupo parlamentario Podemos-Orain Bai se ajusta a reglamento. El informe, al que ha tenido acceso la SER, apunta a un vacío reglamentario en una situación como ésta, la de que sean los que ya no están en el partido los que toman el control del grupo con su nombre.
El documento que estudiará la Mesa y Junta de Portavoces el lunes apunta primero a un defecto de forma en el escrito de expulsión presentado por Carlos Couso, ya que no cita acta de la reunión de grupo en la que se decide la expulsión ni quien la avala. No obstante, ese defecto lo pueden solucionar los tránsfugas presentando otro en condiciones.
Sobre el fondo del asunto, el letrado concluye que estamos ante una situación inédita, la de que sean los que han abandonado el partido los que toman el control del grupo y echan a los que sí están en él. Por ello plantea acogerse a la regulación de este asunto en las entidades locales, en la que son los partidos los que deciden las expulsiones, basándose en una ley nacional de 1985. Cita varios casos en ayuntamientos en los que la mayoría de los concejales han abandonado el partido enel que fueron elegidos y también añade que en el Parlamento no hay notificación oficial de la salida de Laura Pérez, Couso, Carrillo y Velasco de Podemos.
Pulido considera, mientras, que "no procede dar tramitación" al escrito presentado por los 3 parlamentarios fieles al partido pidiendo que sean los tránsfugas los que pasen al grupo mixto "ante la ausencia de norma en el Reglamento" que permita aceptar esa idea.
El informe considera que tanto para acogerse al espiritu de la normativa municipal como para dar trámite a las expulsiones sería necesario un ajuste reglamentario que necesita una resolución de la Presidencia "previo acuerdo vinculante de la junta de portavoces".
En cualquier caso, las expulsiones, recuerda Manuel Pulido en el informe al que ha tenido acceso la SER, son sólo recurribles ante el Tribunal Constitucional, no ante la cámara.
