Piden 8 años de cárcel para el funcionario vigués acusado por el supuesto 'enchufe' de una cuñada de Carmela Silva
El jefe de Participación Ciudadana será juzgado este martes y miércoles, junto al gerente de una concesionaria
Concello de Vigo.(Televigo)
Vigo
La Fiscalía pide 8 años de cárcel y 30 años de inhabilitación para el jefe del departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier G.O., por su vinculación con el supuesto 'enchufe' de una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva.
El funcionario será juzgado, junto con el gerente de una concesionaria municipal, Ramón C.A., este martes y este miércoles, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica. El ministerio público considera que este funcionario "ideó un plan" para dar trabajo a V.F.B., "mujer muy afín a un miembro del gobierno local". Así, sostiene en su escrito de acusación que Francisco Javier G.O. requirió a la concesionaria Imesapi para que emplease a esta persona, a pesar de que esta empresa (que llevaba los servicios de atención y conserjería en los centros cívicos municipales) no necesitaba a más personal.
Para que Imesapi pagase el salario a V., "ambos acusados idearon un plan" por el que la empresa facturaba al Ayuntamiento diversas cantidades a través del "uso fraudulento" del procedimiento de contratos menores, para la realización de unas encuestas de calidad. Según la Fiscalía, esas encuestas fueron realizadas, aunque no por la empresa, pese a lo cual, Imesapi elaboró las facturas de forma "mendaz" y las cobró.
La acusación pública considera, por estos hechos, que Francisco Javier G.O. incurrió en los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil. Por el primero de ellos, pide que sea condenado a 10 años de inhabilitación; por el segundo, reclama una pena de 5 años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta; y por la falsedad documental, pide la condena de tres años de prisión y multa de 10.800 euros.
Además, entiende que Ramón C.A., es cooperador necesario en los delitos de malversación y falsedad, y pide que sea condenado a 4 años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años por el delito de malversación; y tres años de prisión y 10.800 euros de multa por el delito de falsedad documental. También reclama que ambos acusados indemnicen al Ayuntamiento en 108.147,22 euros, por el coste de las encuestas facturadas.
En esta causa, la acusación popular es ejercida por la asociación Xuntos por Galicia, que fue la que presentó la denuncia por el supuesto 'enchufe' de V. F.B. En su caso, acusa a Francisco Javier G.O., y a Ramón C.A. de los mismos delitos que la Fiscalía, aunque pide penas más severas.
