Podemos busca proteger por ley a ciudadanos que denuncien fraude y corrupción

Bilbao

Elkarrekin Podemos quiere regular por ley la protección física, económica, laboral y social de los ciudadanos que alerten y denuncien infracciones legales, malas prácticas, corrupción y abusos contrarios al bien común por parte de las administraciones y del sector privado, y así evitar posibles "represalias" hacia estas personas.

Este es el objetivo de la proposición de Ley que Elkarrekin Podemos ha registrado en el Parlamento Vasco y que ha impulsado este grupo a raíz de las supuestas irregularidades detectadas en la última OPE de Osakidetza que están siendo investigadas judicialmente y que han provocado la dimisión de tres altos cargos del Servicio Vasco de Salud, incluida su directora general, María Jesús Múgica.

Precisamente dos de los trabajadores de Osakidetza, los anestesistas Roberto Sánchez y Marta Macho que alertaron sobre estas irregularidades y que según han denunciado han sufrido "represalias" por ello, han comparecido este martes ante los medios de comunicación junto con la parlamentaria de Elkarrekin Podemos, Cristina Macazaga, quien ha explicado el contenido de la proposición de ley.

El texto legislativo pretende establecer mecanismos de protección a las personas que denuncien malas prácticas en materias "donde a menudo opera la ley del silencio" y busca que la ciudadanía pueda alertar de estas situaciones "sin temor", todo ello con el objetivo de luchar contra la corrupción y otros comportamientos "indeseables" en el sector público y privado.

"Es deber irrenunciable de las instituciones vascas la protección de quienes alertan para evitar que la indefensión sea una barrera que, en última instancia, ampare la corrupción y el resto de conductas indeseables", según se señala en el texto, que ha sido elaborado en colaboración con la empresa catalana Xnet, que elaboró una iniciativa similar en el Parlamento de Cataluña.

Prevé la creación de una oficina de alertas ciudadanas de Euskadi, dependiente de la Cámara vasca, cuyos miembros serán elegidos por el Parlamento de Vitoria, un organismo cuya función sería hacer cumplir las medidas de protección de las personas alertadoras, tramitar los procedimientos para comprobar e investigar las denuncias recibidas.

Esta ley será de aplicación en la administración autonómica, diputaciones y ayuntamientos vascos, así como en organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones, universidades, Ararteko, Tribunal de Cuentas, partidos políticos, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales y en el sector privado, entre otros.

Las alertas ciudadanas afectarán a cuestiones relativas a la corrupción política, delitos, violaciones de derechos humanos y sociales, prácticas que supongan amenazas para la salud pública, la seguridad en distintos ámbitos, la contratación pública, la protección de consumidores o riesgos para el medio ambiente.

Se incluyen otros supuestos relacionados con el abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude fiscal, entre otros. En definitiva, cualquier cuestión que revele un daño o una amenaza para el bien común.

Las personas alertadoras, según la proposición, recibirán la protección necesaria de las fuerzas de seguridad cuando exista un peligro o amenaza sobre su vida e integridad física, deberán tener garantizado su anonimato y tendrán derecho a ser asistidas por personal de la administración y por abogados.

También tendrán derecho a mantener sus relaciones laborales, económicas y comerciales en la misma situación que antes de realizar la denuncia y no podrán ser sancionados, represaliados ni separados del servicio.

También el texto regula que la persona alertadora deberá tener una convicción razonable de "verosimilitud" y de fiabilidad de la información que comunique.

Se establece además un régimen sancionador y, por ejemplo, se considerarán infracciones muy graves cuando se quebranten las garantías de anonimato y seguridad fijadas en la ley, cuando se impida o intente impedir la realización de una alerta o se amenace con un expediente sancionador o cualquier tipo de represalia u obstrucción de cualquier investigación.

Ahora Elkarrekin Podemos tendrá que buscar el apoyo de otros grupos parlamentarios para que esta normativa pueda aprobarse y, según Macazaga, el grupo que más se aproxima a esta propuesta legal sería EH Bildu.

Los dos anestesistas que alertaron de las irregularidades de Osakidetza han constatado hoy que, aunque no han recibido "amenazas" personales directas, sí que han sufrido "represalias laborales" y "actitudes hostiles" en sus trabajos.