La defensa alega que participar en la fiesta era "un riesgo socialmente asumido"

Alicante

Visto para sentencia el juicio contra el alcalde de Planes y vicepresidente del PP en la Diputación, Javier Sendra, por la muerte de un joven de 25 años en la Plantà del Xop de 2012. En su alegato final, un Sendra compungido ha trasladado a los familiares su "tristeza y dolor" y se ha comprometido a no volver a celebrar la fiesta, mientras de él "dependa".

La defensa ha pedido la libre absolución tanto de Sendra como del edil de Fiestas, Vicente Manuel Catalá, alegando que se trató de un "homicidio fortuito" y que no existió ni siquiera imprudencia leve, puesto que era "un riesgo socialmente admitido" participar en esta fiesta, en la que se traslada un chopo de grandes dimensiones hasta la plaza del pueblo.

Aseguran que no se puede juzgar "a toro pasado" la falta de medidas de seguridad, que históricamente se van adoptando, ha dicho el abogado del concejal, "a golpe de siniestro".

Pero para el fiscal y la acusación particular existía una "situación de riesgo potencial" que varios testigos han acreditado. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular han insistido en que el peligro de que el árbol se derrumbara era "evidente", puesto que ya había ocurrido al menos dos veces más en los últimos 10 años.

El Ayuntamiento prefirió "primar la tradición" sobre la seguridad, ha concluido el abogado de la familia, cuando según la Ley de Espectáculos de la Comunitat Valenciana, era el que debía "velar y controlar" el desarrollo de ésta, como "prestador del servicio". Este letrado ha elevado a 300 mil euros la petición de indemnización, -atendiendo al grado de parentesco, la convivencia familiar y la edad de la víctima- y ha añadido también la de inhabilitacion de cargo público, en tanto dure la condena de dos años y cinco meses que exige para cada uno de los acusados.

La madre del joven, Bienvenida Sanchís, decía que no se cree el perdón que ahora pide Sendra.

Por su parte, el fiscal ha concluído que el Ayuntamiento actúo "por omisión de acción debida" al no prevenir un resultado objetivo: la muerte del joven, que "se podía haber evitado". Y ofrece como alternativa a la pena principal de homicidio por imprudencia grave, la de "menos grave", que supondría cinco meses de multa, a razón de seis euros diarios.