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Miércoles, 27 de Mayo de 2020

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TRIBUNALES

La juez desestima el recurso del ex vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez

El juzgado mantiene el auto de incoación de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral, Fiscalía pide 11 años de prisión para el ex alcalde de Vall d'Alba por el uso continuado de información privilegiada por autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales

Imagen del ex vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez

Imagen del ex vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez / Cadena SER

La juez ha desestimado el recurso interpuesto por el ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, del Partido Popular, Francisco Martínez, y mantiene el auto de incoación de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral. Martínez está investigado por la adquisición y venta de terrenos en Vall d'Alba, municipio del que fue alcalde durante 24 años, en los que consiguió un patrimonio con una veintena de inmuebles en la localidad y más de un millón y medio de metros cuadrados en terrenos. Fiscalía pide 11 años de prisión para quien fue mano derecha de Carlos Fabra. 

 Francisco Martínez alegó en el recurso que presentó ante la juez que no fue el responsable de aprobar los proyectos urbanísticos del municipio por los que está investigado y asegura que esa responsabilidad la delegó en la Junta de Gobierno. La defensa del ex líder del PP pedía que se anulara la causa que investiga a su representado porque consideraba que algunos de los delitos han prescrito.

El escrito de la juez al que ha tenido acceso Radio Castellón desestima el recurso y advierte que tanto el ex alcalde de Vall d’ALba, como su hija, Andrea Martínez y el empresario Raúl Babiloni, crearon las empresas Prodever, Gestintur y Franvaltur, que adquirieron fincas en el municipio "relacionadas con los programas de actuación urbanística, aprovechando la información privilegiada de la que disponía Francisco Martínez, por su condición de alcalde". Lo hicieron, según el escrito con la "intención de lucrarse con la adquisición y posterior venta de terrenos". "Una trama urdida con la finalidad de obtener beneficio económico ilícito", según el escrito judicial. Los hechos objeto de la investigación se centran entre los años 2005 y 2014. El escrito argumenta que tenían "la intención de obtener un beneficio con la revalorización de las fincas". "Los tres acusados actuaron de común acuerdo para obtener un beneficio económico aprovechando la información privilegiada de Francisco Martínez".

A pesar de ello, la defensa del ex vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Vall d’Alba asegura que no tenía competencias sobre las actuaciones urbanísticas del municipio por las que se le investiga, como son la ampliación del casco urbano, y las promociones de Pla de l’Arc y Mas de Lluna. Martínez alegó que delegó "en el año 2003 estas competencias en la Junta de Gobierno". La juez ha desestimado su recurso y pide que se mantenga abierto el auto de incoación de procedimiento abreviado, aunque Martínez ha vuelto a presentar un nuevo recurso, según ha podido saber Radio Castellón. Pide la nulidad del Auto, porque considera que carece de la motivación necesaria y reclama que se archive el procedimiento o sigan practicándose diligencias. Además, alega que en las actuaciones investigadas no existen indicios de criminalidad contra Martínez. Afirmaciones, que la juez desestima en el recurso.

La defensa del empresario Raúl Babiloni, socio de Martínez, alega que existe una falta de determinación de los hechos punibles y una falta de determinación de las diligencias de investigación. Los representantes legales de Babiloni aseguran que no se puede acreditar el uso de información privilegiada.  La juez también ha desestimado el recurso de Babiloni y el de Andrea Martínez, la hija del ex vicepresidente de la Diputación. Según ha podido saber Radio Castellón, los tres investigados han recurrido esta decisión.

Fiscalía pide 11 años de prisión y una multa de un millón de euros para Martínez, por presuntos delitos por el uso continuado de información privilegiada por autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales.

El Ministerio Público también pide una multa de un millón de euros para Andrea Martínez, hija del ex vicepresidente de la Diputación, por el delito continuado de uso de información privilegiada y una petición de un millón de euros de multa y 5 años de prisión por el delito de fraude administrativo, para su socio, el empresario Raúl Babiloni.

La acusación popular del Partido Socialista ha presentado su escrito de acusación. Los socialistas piden 16 años de cárcel para Martínez, 12 años de prisión para Babiloni y 4 años de cárcel para Andrea Martínez, la hija del ex vicepresidente de la Diputación.

Martínez ya cuenta con antecedentes porque fue condenado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, el 15 de abril de 2016, a 8 meses de prisión por el proyecto de construcción de la depuradora de Borriol por un delito de negociación prohibida.

PROYECTO MAS DE LLUNA

El exvicepresidente de la Diputación de Castellón del Partido Popular y exalcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez, compró entre 2002 y 2004 terrenos en suelo rústico, que más tarde el Ayuntamiento de Vall d'Alba aprobó recalificar para construir el proyecto Mas de Lluna, que incluía 2.000 viviendas, hoteles y un campo de golf.

Esta es una de las operaciones por las que Fiscalía, investiga de nuevo al que fuera mano derecha de Carlos Fabra, a Martínez, quien al parecer, trató de beneficiarse por su condición de alcalde de la información privilegiada que tenía en su poder, por lo que presuntamente conocía que el lugar en el que adquiría terrenos a bajo coste iba a convertirse en el proyecto Más de Lluna, aprobado por el pleno del Ayuntamiento y ratificado por la Generalitat en 2012. Mas de Lluna estaba previsto que se construyera en parcelas propiedad de Martínez. La adjudicación de las obras fue para la mercantil Calviga SA.

El portavoz del PSPV de Vall d'Alba, Fernando Grande, en declaraciones a Radio Castellón, explicó que la intención del exalcalde de la localidad era construir "un pueblo nuevo", y señaló que más del 50 por ciento de los terrenos eran "propiedad de la empresa Calviga y de Francisco Martínez". El proyecto superó todos los trámites administrativos de la Generalitat.

 

 

 

 

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