El BOE publica el recurso de insconstitucionalidad contra la Ley de Caza

Toledo

El BOE publica la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que el gobierno de Pedro Sánchez ha presentado contra la nueva ley de caza del gobierno socialista de Castilla-La Mancha. 

El artículo de carácter técnico que habría provocado el recurso de inconstitucionalidad implica una posible invasión de competencias nacionales. Y es que afecta a la responsabilidad del Ministerio de Fomento en las grandes infraestructuras, sobre todo líneas férreas y autovías, ante los daños que la caza produce a los agricultores, en particular por los conejos. El Ejecutivo de García Page se manifiesta en contra de esta decisión y defiende la legalidad de la norma ya que el artículo conflictivo es una copia literal del artículo 69 de la ley de caza de Aragón aprobada en 2015 y que no se declaró inconstitucional como recuerda José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente

El presidente regional Emiliano García Page ha expresado que es de las leyes de caza "más avanzadas de España", y avanzaba que su Ejecutivo va a poner en marcha, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, una macrocampaña de información sobre el sector cinegético.  Durante la inauguración de FITUR anunciaba además que se exonará a los cazadores de Castilla-La Mancha del pago de la licencia. 

Previamente, envió una carta a la Ministra de Transición Ecológica en la que recuerda que esta ley de caza contó con un amplio respaldo de sectores económicos y sociales ademas de los ecologistas. Y le ponía cifras al sector: 24.000 empleos al año, 10.000 de ellos directos, aporta más de 364 millones de euros al PIB regional (un 2% del total) y 8 millones de recaudación mediante tasas e impuestos. Permite la ordenación y protección del 88% de la superficie de nuestra región, cuenta con 106.000 licencias y tiene una especial incidencia en el turismo rural, gastronómico y artesanal.

También la asociación de cazadores ha puesto en marcha una campaña informativa con la que buscan el compromiso de los partidos para defender la caza.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública han explicado a 'SER Castilla-La Mancha' que la admisión a trámite de este recurso no supone la suspensión cautelar de la Ley, porque no se ha solicitado expresamente, así que estará vigente hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Recuerdan, que este recurso es únicamente sobre un artículo en concreto, que dicen, vulnera el reparto de competencias, ya que la Comunidad Autónoma se atribuye la imposición de sanciones sobe terrenos que son del Estado.

Sobre la comparación con la Ley de Aragón, aseguran estas fuentes del Gobierno central, que no está declarada "Constitucional"; esta norma data de 2015, en ese momento se abrió un periodo de negociación entre el Gobierno central y la comunidad aragonesa, cuyo plazo expiró sin estar resuelto el asunto.