Otro varapalo al gobierno de Paulino

Las Palmas de Gran Canaria

Nuevo adelanto de Ser Las Palmas. El Tribunal Supremo vuelve a tumbar cuatro preceptos del decreto de alquiler vacacional del Gobierno de Canarias en la época en que lo presidía Paulino Rivero. La sala de lo Contencioso Administrativo del alto Tribunal resuelve el recurso de Ascav (Asociación Canaria de Alquiler Vacacional), y les da la razón, eliminando además algunos elementos nuevos, con ello crea jurisprudencia al respecto.

Ratifica la anulación del artículo 3.2, que prohibía el alquiler vacacional en zona turística, que era la pretensión de los empresarios turísticos de Tenerife (de Ashotel). Así que se puede hacer alquiler vacacional en todos los lugares sin discriminar lugar alguno.

 El Supremo incluso elimina, y aquí viene lo nuevo, el artículo 5.2 que no permitía destinar vivienda vacacional a otros fines distintos, con lo que ahora queda claro que la vivienda vacacional puede usarse por el propietario cuando quiera. Suele pasar históricamente en los apartamentos del sur de las islas para el verano que alquilaban en invierno. Otro asunto de lógica pura.

 También se carga el artículo 12.1, que prohibía el alquiler de habitaciones dentro de una vivienda, el conocido como "Bed and Breakfast". Así que se puede alquilar habitaciones, con lo que se ayuda a familias empobrecidas que pueden tener un ingreso extra.

 Y el cuarto que también se quita del decreto es 13.3, que impedía que hasta la autorización de los cabildos no podías iniciar la actividad económica. Pues nada, se puede desde el momento en que presentas la documentación y la declaración responsable, fundamentalmente porque va contra normativa europea. Algunos se creían que no estábamos en Europa.

 En definitiva un palo muy grande y muy gordo a aquel gobierno de Rivero de la pasada legislatura y por supuesto también a los que querían en este actual gobierno, dejar en manos de cabildos y ayuntamientos la decisión de donde se ejercía la actividad, con un borrador que no se llegó a presentar, después del revuelo ciudadano, un acierto para evitar líos innecesarios.

 El tribunal Supremo y ya antes el Tribunal Superior han puesto los criterios más razonables sobre la mesa. No se le van a poder poner puertas al campo. Regular sí, y es lo que se tiene que hacer en beneficio de todos, pero en ningún caso prohibir por intereses de parte.

 Parece evidente y lógico que este gobierno no sacará el decreto en lo que resta de legislatura, y se debe esperar por un nuevo gobierno tras las elecciones de Mayo. Con todo, los partidos políticos deben posicionarse antes de la cita electoral para que todos sepamos lo que hay. Ni más ni menos, aunque lo mejor sería una ley muy clarita.